La Fiscalía pide otros 10 años de cárcel a un expárroco de Mallorca por abusos sexuales a una niña

La Fiscalía pide una nueva condena de diez años de cárcel para Pere Barceló, el exrector de la parroquia de Can Picafort (Mallorca), por abusos sexuales a una niña. El excura, que ya cumplió seis años de cárcel por violar a una monaguilla, está acusado ahora de someter a tocamientos a una menor entre 2007 y 2008, cuando ella tenía seis años. Según el ministerio público, Barceló "se aprovechó de su condición de sacerdote y de la influencia que tenía" sobre la víctima, para quien reclama una indemnización de 40.000 euros por las secuelas psicológicas "que aún persisten". El caso está ya en la Audiencia Provincial, que no ha señalado todavía la fecha para el juicio.

El escrito de conclusiones provisionales presentado por la Fiscalía, al que ha tenido acceso Diario de Mallorca, del grupo Prensa Ibérica, señala que Barceló fue destinado el 21 de junio de 1996 como párroco a la iglesia de l’Assumpció de Maria. El ya ex sacedorte impartía catequesis a los niños y niñas de la localidad. Según el relato de la acusación, Pere Barceló abusó de una de estas menores entre los años 2007 y 2008 "al menos en una ocasión" y sin poder precisar exactamente la fecha. La Fiscalía sostiene que el entonces párroco sentó sobre sus piernas a la niña, que tenía entonces entre seis y siete años, y "guiado por el único propósito de satisfacer sus deseos sexuales", le manoseó los genitales. Barceló se aprovechó para ello, afirma la Fiscalía, de que "por su condición de sacerdote podía encontrarse en compañía de la menor sin la presencia de sus padres". También considera que se valió de "la influencia que tenía sobre ella por su cargo y función", lo que provocó que la niña "no fuera capaz de oponerse, abandonar el lugar o pedir ayuda".

La víctima, que presentó una denuncia por estos hechos en el año 2018, ha sufrido secuelas psicológicas que "aún persisten", como pesadillas, estado depresivo, cambios de humor y malestar emocional. La Fiscalía imputa a Barceló un delito de abuso sexual con acceso carnal a menor de 13 años, por el que reclama una condena de diez años de prisión y una indemnización de 40.000 euros para la víctima. En este sentido, considera responsable civil subsidiario al Obispado de Mallorca para que haga frente a esta posible compensación. Además, solicita una orden de alejamiento que prohíba a Barceló acercarse a menos de 500 metros de la chica o comunicarse con ella durante 20 años.

El ministerio público detalla en su escrito que los antecedentes penales de Barceló no son computables para apreciar la agravante de reincidencia, ya que los hechos son anteriores a su primera condena por abusos sexuales.

Condenado por violaciones

El excapellán fue condenado a seis años de cárcel en 2016 por abusar sexualmente de una niña que también iba a catequesis a finales de la década de los 90. Barceló reconoció en la Audiencia Provincial de Palma que violó varias veces a la menor, que tenía entonces 10 años, y dijo estar "totalmente arrepentido". El sacerdote llegó entonces a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que reclamaba inicialmente 42 años de prisión para él.

Para entonces, Barceló se había convertido ya en el primer sacerdote expulsado por la Iglesia en España por un caso de abusos sexuales. El Obispado había ordenado en 2010 una investigación, tras décadas ocultando las quejas y denuncias que pesaban sobre él por sus actos en Burundi (África), Cala Rajada y Can Picafort. El proceso eclesiástico concluyó declarando a Barceló culpable "sin ningún atenuante" de haber abusado sexualmente de varias niñas y en marzo de 2013 le impuso la máxima condena prevista en el Derecho canónico: su expulsión del sacerdocio.

Tras su condena de seis años de prisión impuesta por la Audiencia de Palma, Barceló cumplió íntegramente la pena en la cárcel de Segovia, de dónde salió en agosto de 2022.

El exrector de Can Picafort, de 70 años, afrontará así su segundo juicio por abusos sexuales a menores. Este nuevo caso será enjuiciado por la sección primera de la Audiencia Provincial, que todavía no ha señalado la fecha para el juicio, según han confirmado fuentes jurídicas.

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