Redes sociales

Tres años de cárcel para un pederasta que acosó sexualmente a 300 menores por Instagram

Amenazaba a las niñas, la mayoría de entre 7 y 13 años, pero también las engañaba diciéndoles que si hacían lo que quería les presentaría a sus influencers favoritas

De las 311 menores de las que la policía tiene constancia de que le enviasen fotografías, consiguió material con contenido íntimo o sexual de 96 de ellas

Oculta tu estado de actividad en Instagram.

Oculta tu estado de actividad en Instagram. / PEXELS

Alberto Muñoz

Presiones, engaños, amenazas e incluso falsas promesas. A Chato, trabajador de un hospital de Huelva, le valía todo con tal de conseguir su objetivo: fotografías y vídeos íntimos de niñas de entre 7 y 16 años a ls que contactaba por Instagram. A algunas de las más de 300 con las que habló, les pedía ser su novio o les aseguraba que tenía 11 años; a otras, les decía que si hacían lo que quería les presentaría a sus influencers favoritas, y, a las que no cedían, las amenazaba con "matar a su familia" o con publicar cosas que le hubieran enviado previamente.

Ahora, y tras haber acosado y almacenado contenido sexual o íntimo de al menos 96 menores a través de las redes sociales, la Audiencia Provincial de Málaga le ha condenado a tres años de prisión por un delito continuado de tenencia y producción de pornografía infantil. Una pena que se ha visto atenuada por reparación del daño y por anomalía psíquica.

Chato, que tiene también órdenes de alejamiento de las menores y que deberá realizar un "curso de educación sexual con control de impulsos", es solo uno de los nombres falsos tras los que se ocultaba, pues también se hacía llamar Flequi, Rana, Zapatones o Casposo.

Las niñas, según explica el relato contenido en la sentencia a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, eran "convencidas mediante presión o engaños, enviaban fotografías y realizaban videollamadas, las cuales eran capturadas" y almacenadas en un teléfono móvil que éste ocultaba en su casa. De hecho, cuando la policía intervino su dispositivo de uso diario, no encontró nada, y, una vez que se produjo el registro de su casa, la Guardia Civil tardó más de un año en encontrar el material pornográfico.

Una veintena de menores identificadas por sus padres

La sentencia de la Audiencia Provincial explica que por las imágenes que se encontraron en el teléfono móvil se ha podido identificar "a menores de 311 perfiles diferentes", y que, de ellos, "96 tienen fotografías de carácter sexual, algunas únicamente desnudas o enseñando partes íntimas y otras realizando tocamientos o introducción de objetos".

Entre los casos recogidos en esa sentencia, el de una niña de entonces entre 9 y 10 años cuya madre reconoció "las fotos de su hija y su vivienda" y que explicó que, "tras muchas amenazas, solo mandó una foto en pijama y una en la que se le veía la braguita". Chato habría amenazado a la menor con "que si no le mandaba más iba a matar a su familia".

A pesar de que la primera constancia de la actividad Chato llegó el 25 de mayo de 2018, cuando una madre denunció ante la Guardia Civil que un hombre había contactado con su hija de 9 años, le había dicho que quería ser su novio y le pedía fotografías de su cuerpo desnudo, éste pudo seguir acosando y grabando a menores hasta al menos el 13 de noviembre de 2019, cuando se produjo la entrada y registro en su domicilio. Luego, pasó otro año hasta que se encontró la pornografía infantil.

Discapacidad psíquica como atenuante

En un primer momento, y una vez que se le habían confiscado los dispositivos y diverso material informático, Chato quedó en libertad provisional, y no fue hasta más de un año después cuando fue detenido en el hospital de Huelva en el que trabajaba.

La condena impuesta por la Audiencia Provincial de Málaga se ha visto atenuada porque "el acusado tiene reconocido un grado de discapacidad del 36% con un grado de limitación en la actividad del 29%, presenta un nivel de inteligencia límite".

De hecho, y tras llegar a un acuerdo, lo más probable es que ni siquiera llegue a entrar en prisión y que los tres años se reduzcan a libertad vigilada y a no poder trabajar con menores durante ese tiempo. Además, Chato deberá indemnizar con 1.500 euros a seis de las denunciantes, en total 9.000 euros que ya habría pagado y que habrían servido también para atenuar el tiempo de condena.