El principal eje vertebrador del litoral mediterráneo ha sido de pago durante casi medio siglo. Para la concesionaria que renovó hasta tres veces, sin aparente remedio, la gestión de la AP7, la obra más que amortizada, era su mejor negocio. Hace escasamente cinco años, cuando se atisbaba la fecha clave del fin de este agravio-el 31 de diciembre de 2019- nadie ponía en duda que la infraestructura se liberaría. Era y es una cuestión de principios y los números -el coste de la reversión- así como los dispares intereses particulares de los afectados, nada tenían que poder decir al respecto. La euroviñeta, aquella directiva de 1999 que permitía a los Estados cobrar al transporte pesado por el uso de las vías, ya se aplicaba entonces pero en el caso de esta autopista el debate estaba ya resuelto. Se trata de solventar un perjuicio muy anterior, era y es una cuestión de igualdad: euroviñetas aparte, los valencianos en general y los exportadores de Andalucía, Murcia y la C. Valenciana hemos tenido que pagar y no poco por circular mientras que los de otras zonas, no. Tan simple como suena. Debate, ¿zanjado?
Parece que no. Las más de 30 mociones acumuladas durante lustros en Les Corts en favor de la reversión no han logrado forjar a última hora la unanimidad. Los hay, antes y después de la súbita llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, que han acreditado cierta coherencia. Otros, no. Entre los primeros, los hoteleros de Benidorm (Hosbec)-la megalópolis que más ha crecido al calor del peaje-, que tras décadas de silencio se destaparon hace cosa de unos meses oponiéndose a la liberación «porque sería un mal invento para la comodidad y el acceso de los turistas», según seguía sosteniendo su presidente hace escasamente un par de semanas. Y el PSOE, cuyo ministro de Fomento, el valenciano, José Luis Ábalos, se ha mantenido en sus trece y ahora dice lo mismo que cuando estaba en la oposición. Los hay, el PP, que han basculado por el contrario entre la firmeza de Ana Pastor en favor de acabar con este canon y las dudas generadas en su sucesor al frente de este mismo departamento, Íñigo de la Serna, tras comprobar la astronómica factura que para Infraestructuras del Estado va a suponer la quiebra, entre otros disgustos no menores, de las radiales de la capital de España.
Los valencianos hemos sido discriminados durante décadas y condenados a pagar por un servicio que los demás tenían gratis. Y si la cuestión se reduce -como plantea Hosbec- a números, les avanzo la factura que ha tenido que asumir el sector exportador citrícola: casi 17 millones de euros al año, el coste en peajes de los más de 170.000 camiones de cítricos que salen hacia Europa. O eso, o sufrir los incómodos retrasos y los accidentes derivados de transitar por nacionales donde la siniestralidad se ha disparado.
