La comisión del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria que investiga el planeamiento del PAI de Porxinos llamará a declarar en su próxima sesión a la presidenta del Valencia, Layhoon Chan -o en su defecto al representante en el que delegue la entidad de Mestalla-, para dar explicaciones de los acuerdos que el club llegó con los distintos bancos tras la anulación del primer plan.
Cabe recordar que el Valencia vendió a la firma Nozar (que posteriormente quebró) los terrenos, ya reclasificados, por un montante de 160 millones, en una operación avalada por BBVA, Caixabank y Caja España-Duero. Las entidades financieras estaban en disposición de exigir esa misma cantidad, contingencia que llegó a hacer peligrar el proceso de venta en 2014 a favor de Peter Lim.
El entonces presidente del club, Amadeo Salvo, se encargó de negociar personalmente con los tres bancos un acuerdo con importante quita por el que, si no se lograse un nuevo PAI en el plazo de cinco años (eso es, finales de 2019), el Valencia deberá indemnizar a los bancos con 20´8 millones de euros.
Una cifra casi idéntica (20.734.918 euros) a la que, a su vez, el Valencia reclama al consistorio del Camp de Túria por la anulación del primer PAI por parte del Tribunal Supremo. Es la suma que el club se comprometió a donar a Riba-roja y que ahora pretende recuperar. El ayuntamiento comandado por el socialista Robert Raga señaló que, en caso de reclamación judicial, solo debería devolver 5´4 millones por el hito, no conseguido, de la cuota de aprovechamiento en el PAI.
El dinero restante, según el convenio firmado con Litoral del Este (agente urbanizador creado por el Valencia), «fue una aportación voluntaria no sujeta a ningún compromiso», según el ayuntamiento. El gasto de esos 15´3 millones por parte de la anterior corporación también está siendo investigado por la comisión.
Plante a la comisión
Por otro lado, la sesión prevista en la comisión municipal se quedó ayer desierta al no presentarse ninguno de los comparecientes que el ayuntamiento afirma que citó a declarar. Es el caso del exalcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, el exconseller Rafael Blasco (actualmente en prisión), y los expresidentes del Valencia Juan Soler, Manuel Llorente, Amadeo Salvo y Vicente Soriano. Mientras Salvo excusó su ausencia por «viajes profesionales» y se comprometió a responder más adelante, Soriano aseguró a este periódico desconocer la cita «al no haber recibido notificación alguna».
La comisión acordó ayer remitir las preguntas previstas por escrito a los domicilios de los citados. Entre las distintas actuaciones, también se pedirán las notas registrales de las ventas de terreno, previas a la reclasificación, que se realizaron en el entorno del PAI. Operaciones por las que algunos futbolistas de la época del Valencia y del Real Madrid adquirieron propiedades a precio de suelo rústico. Se quiere clarificar si actuaron haciendo uso de una supuesta información privilegiada. Tras el fallo del Tribunal Supremo, el Valencia presentó, hace justo un año, un nuevo PAI, que se encuentra actualmente en fase de tramitación por la Conselleria de Territorio y Medio Ambiente, a quien reclamó 19´5 millones por responsabilidad patrimonial tras caer el primer PAI.
