14 de abril de 2018
14.04.2018
Multa

Bruselas, fecha límite: 20 de junio

El IVF reinicia "por imposición de la CE" el proceso de ejecución de la sanción de 23´6 millones al Valencia - El Consell da un plazo de diez días para recurrir y amplía en un mes el calendario de cobro

19.04.2018 | 12:13
Bruselas, fecha límite: 20 de junio

El 20 de junio es la nueva fecha límite para que el Valencia abone los 23,6 millones de la multa de la Comisión Europea por las ayudas de Estado cometidas en la concesión del aval del Instituto Valenciano de Finanzas para que la Fundación del Valencia pudiese completar la ampliación de capital de 2009 para convertirse en máxima accionista del club.

El IVF comunicaba ayer que se ha visto obligado «por imposición de la CE» a reiniciar el proceso de ejecución de la decisión de Bruselas para la recuperación de las ayudas al club de Mestalla y al Hércules. Por lo tanto, el organismo dirigido por Manuel Illueca concedía ayer un plazo de alegaciones de diez días hábiles a ambos clubes.

Habían sido los propios clubes los que solicitaron dicha medida. Este plazo comienza en la fecha de recepción por parte de Valencia y Hércules de esta notificación, que previsiblemente se producirá el lunes 16 de abril. Transcurridos esos diez días, el IVF publicará una nueva resolución, en la que se recogerán los importes a abonar, una vez calculados los intereses generados hasta esa fecha.

A partir de ese instante, la nueva resolución abre un nuevo periodo para la recuperación de las ayudas hasta el 20 de junio, un mes extra que el existente antes de la solicitud de las alegaciones. Los intereses se irán recalculando hasta la fecha en la que se abone definitivamente la sanción.

La postura del Valencia

El Consell ha reiterado su apoyo al Valencia al considerar «sangrante» los intereses a pagar, una vez devuelto por Peter Lim todo el dinero prestado. El IVF está dispuesto a mediar ante Competencia por el club valencianista. Falta por saber qué postura adoptará el Valencia, que tiene provisionada la cantidad a pagar en sus presupuestos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) desestimó el recurso presentado por España contra la multa de casi 19 millones de euros impuesta por Bruselas por la manipulación de las estadísticas de déficit y deuda por parte de la Generalitat Valenciana durante más de 20 años y que se corrigieron en 2012.

La corte descarta en su sentencia las alegaciones presentadas por España, que defendía que se vulneró su derecho a la defensa y el derecho a una buena administración, que no existía infracción y que la sanción era desproporcionada, indicó el servicio de prensa del Tribunal.

La Unión Europea impuso en 2015 una sanción a España de 18,93 millones de euros por la manipulación de datos de déficit en la Comunitat Valenciana mediante la ocultación sistemática de una parte del gasto sanitario. El Ejecutivo de Mariano Rajoy descontó la cantidad afectada de una de las transferencias realizadas por el Ministerio de Hacienda a la Comunitat Valenciana dentro del modelo de financiación autonómica (las conocidas como entregas a cuenta).

Este caso fue el primero en que el la Comisión Europea pidió sancionar a un Estado miembro por falsear sus estadísticas basándose en las nuevas normas de la UE que se aprobaron en 2011 a raíz del caso de Grecia.

Por ello, aunque la manipulación del déficit en la Comunitat Valenciana se produjo entre 1988 y 2011, por el carácter no retroactivo de la legislación la multa se refiere sólo al periodo 2011-2012, con Francisco Camps (PP) al frente del Consell, durante el que se calcula que el gasto sanitario no registrado ascendió a 2.000 millones de euros.

España interpuso en septiembre de ese mismo año un recurso contra la decisión, en el que negaba que concurrieran los requisitos para imponer la multa. En concreto, España puso en cuestión que se tergiversaran los datos porque fueron corregidos en el tiempo oportuno.

Una abogado general del TUE abogó el pasado mes de junio por desestimar el recurso de España y consideró que España tergiversó ciertos datos cuando notificó, en marzo de 2012, "cifras que se basaban en una infracción de las reglas contables" y, por tanto "no eran correctas".

Aunque los dictámenes de los letrados no son vinculantes, en la mayoría de los casos sus opiniones coinciden con la sentencia final del Tribunal con sede en Luxemburgo.

Otro de los argumentos de España fue que se violó su derecho de defensa porque las autoridades españolas suministraron el material incriminatorio a la Comisión Europea porque no conocían las sospechas de manipulación.

Contra este argumento, la abogacía general señaló que la función del derecho de defensa "no engloba el derecho a ser informado de las sospechas con la debida antelación para poder ocultar información de forma calculada a la Comisión".

Anteriormente, España ya perdió un primer recurso presentado en septiembre de 2014 contra la decisión misma de la Comisión Europea de iniciar una investigación sobre la manipulación de estadísticas en España.

 

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine