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Cuatro generaciones han vivido en los números 19 y 21 de la calle Román de Castro desde hace 25 años. Estas cuatro generaciones, aunque los más mayores ya no están, van a tener que desalojar las viviendas que ocupan porque el propietario de las casas ha decidido echarles.
Y es que las familias de María y Ramona, vecinas de estos dos inmuebles, han crecido en estas casas con el consentimiento de su dueño, antiguo trabajador de Renfe, que les dejó vivir en ellas gratuitamente. Al fallecer éste, su heredero ha interpuesto una denuncia, sin previo aviso, contra estas familias gitanas por ocupación ilegal del inmueble.
"Podría haber venido a decirnos que nos teníamos que marchar, le hubiéramos dado las gracias por todo y nos hubiéramos ido", lamenta Ramona. "Tienen que apiadarse de los niños", pide una joven. "No pueden echarnos a la calle así. ¿Dónde vamos a ir? Nadie alquila casas a familias con tantos miembros, nos tendremos que separar", explica, triste, Isabel, hija de María.
La situación se ha visto agravada por las maneras en qué ha actuado el heredero, desconocido tanto para los inquilinos de las casas como para la abogada que les defiende. "Hemos ido a la comisaría a declarar voluntariamente", explica, pero una vez allí les han tratado como presuntos delincuentes, como ordena el procedimiento legal en estos casos. "Nos han hecho fotos y tomado las huellas", indica visiblemente alterada Ramona, matriarca de tres familias .
Ahora, todos los habitantes de ambos domicilios tiene antecedentes penales, hecho que denuncia su abogada. "Se podrían haber hecho las cosas de otra forma", declara. "No era preciso la vía penal, podría haber ido por la vía civil o venir directamente a hablar con ellos", lamenta.
25 años empadronados allí
El caso cobra distinto cariz con los atenuantes y las circunstancias, y es que estas familias están completamente integradas en el barrio, aseguran. Todos sus miembros están empadronados en este domicilio desde hace 25 años, como así muestran sus documentos de identidad. Acuden al ambulatorio del barrio, pagan su factura del agua y compran en los mismos comercios que el resto de vecinos. Los niños, seis, van al colegio de la zona (los que tienen edad escolar).
"La asistenta social tampoco nos ayuda, no quiere saber nada de nosotros", indican los jóvenes de la casa. "Nos han ofrecido llevar a las mujeres y niños a casas de acogida y a los hombres a albergues", hecho que implicaría la desintegración total de la familia, aseguran.
Bien de Relevancia Local
Estos inmuebles de la calle Ramón de Castro están protegidos por el Consell Valencià de Cultura, que los nombró Bien de Relevancia Local el año pasado. Son de titularidad privada y no se pueden destruir. La Asociación de Vecinos de Patraix reivindica su uso social para el barrio desde hace tiempo y al parecer, lo han conseguido. En estas casas de una sola planta se planea hacer talleres artesanales que recuperen actividades tradicionales de la ciudad.
María y Ramona lamentan que el heredero no acepte el cobro de un alquiler para quedarse allí. Tampoco tienen mucho tiempo para buscar un lugar dónde ir. Su numerosa familia ha sido la que ha arreglado las viviendas, adoquinándolas y adaptándolas para su uso. Ahora, tras haberse sentido "como delincuentes", esperan con ansia a que finalice la investigación que les ha sacudido las vidas.
