El Tribunal Superior de Justicia investiga si la ubicación de la depuradora de Pinedo está ajustada a la legalidad tras presentar un abogado un contencioso-administrativo en el que denuncia que su situación actual, a ocho metros de varias viviendas habitadas, perjudica la salud de los vecinos. El letrado solicita el cierre inmediato.
Según explicó el abogado José Ortega, la ubicación de la planta, cuya construcción se inició en 1975, y las posteriores ampliaciones, la última en 2005, están "plagada de irregularidades administrativas" puesto que se encuentra "a 8,3 metros de una zona habitada en lugar de a los 2.000 que marca la ley". Según el jurista, esto no sólo genera olores y molestias por los ruidos si no que también provoca graves perjuicios a la salud de las personas que residen junto a la planta.
El abogado critica el "oscurantismo" del Ayuntamiento de Valencia en la tramitación de los diferentes expedientes de obras, la mayoría de ellos sin Licencia de Actividad Calificada. El jurista afirma que estos documentos son verdaderos "fraudes administrativos". El letrado solicita al alto tribunal valenciano que cierre de inmediato la planta por "ser ilegal". En caso de no poder acometerse esta medida solicita que se indemnice a los vecinos por los perjuicios creados y, de no ser posible esta medida, que se les realoje a la otra parte del cauce del Turia, dentro del término de Pinedo.
