El exedil del PP en el Ayuntamiento de Valencia e imputado en el saqueo de Emarsa, Juan Carlos Gimeno, instó ayer al juez instructor del caso a que indague en la compra fallida de un secadero de jamones por parte de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), propietaria de la depuradora de Pinedo. La operación, impulsada por el exalcalde de Manises e imputado en el escándalo, Enrique Crespo, fue abortada en 2008 tras revelar Levante-EMV que la Emshi iba a pagar 12 millones de euros por una nave que meses antes se vendía por seis.
Gimeno habló al juez de este escándalo al intentar justificar que había hecho trabajos para la Emshi, que ahora lo denuncia, pero que los había cobrado de Emarsa. En concreto, Gimeno explicó que la Emshi, presidida por Crespo en aquella época, requirió a su firma Dos Grados Comunicación "para que hagamos una campaña de imagen para mejorar el posicionamiento de la Emshi ante el fiasco ocurrido con el secadero de jamones y que supone la dimisión del gerente de la entidad metropolitana Rafael Arce Caparros y por tanto una perdida de reputación importante para el organismo".
Tras referirse a estos trabajos, por los que no había sido denunciado, Gimeno reveló otros servicios para la entidad metropolitana que habría abonado Emarsa. Se trata del proyecto del nuevo edificio de la Emshi tras abortarse la compra del secadero de jamones. El exedil del PP explicó al juez que se reunió en numerosas ocasiones en el Ayuntamiento de Manises con Crespo para cerrar los flecos del nuevo edificio situado junto a la Ronda Norte de Valencia. A estos encuentros también habría acudido el actual gerente del Emshi, Joaquín Juste.
Estos trabajos los realizó Gimeno a través de su empresa Sanitar, que tampoco ha sido denunciada en este proceso. El arquitecto José María Vicente Ruiz De Arcaute es el que hizo la evaluación inicial en el solar de la Ronda Norte y el arquitecto Carlos Navarro el que realizó los planos. Esta documentación se encuentra desde ayer en poder del juez. La operación no había salido a la luz en toda la investigación pese a que fue la depuradora de Pinedo la que sufragó los gastos.
Gimeno también habló de otros trabajos que sus empresas habrían hecho para la Emshi pero que habría pagado Emarsa. Se trata de "una pagina web accesible, el Agora del agua, periódicos digitales y algunos cómics y juegos sobre agua y algunas plataformas de ahorro energético y el edificio". Además, aseguró que la depuradora de Pinedo pagó a consejeros de la Emshi un viaje a Zaragoza. El imputado en la causa aseguró que el dominio de la página web de la Emshi todavía estaba a nombre de Enrique Crespo, quien hace casi un año que no es presidente.
El juez preguntó a Gimeno por qué tenía una sola cuenta corriente para media docena de empresas que facturaron a Emarsa. Este respondió que porque era con la que tenía descuento en el banco.
Por su parte, el instructor también preguntó a Gimeno sobre los cuatro contratos que habría formalizado con Emarsa. Este negó la mayor y argumentó que el único válido es el firmado el año 2004. El exedil del PP acusó a la Emshi de confeccionar "contratos falsos para eludir el pago de una reclamación". Es decir, unas facturas que no se abonaron tras la liquidación de Emarsa y que Gimeno asegura que realizó.
"Con el carné del PP en la boca"
El juez preguntó a Juan Carlos Gimeno sobre los numerosos cursos y jornadas que realizó para los trabajadores de la depuradora de Pinedo. Entre ellos se encontraban "la formación de portavoces en crisis, la selección de personal para una mercantil o foros, jornadas y actos relacionados con la Calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos laborales, Excelencia, Gestión del Cambio o Gestión del Conocimiento. Gimeno aseguró que los cursos se hicieron y que a ellos acudían trabajadores "con el carné en la boca". Inquirido por el juez acerca de qué carnet, manifestó que suponía que el del Partido Popular "porque no había ninguna selección de personal y el declarante no vio a ningún otro partido". Gimeno también reveló que había un acuerdo con Insular de Aguas de Lanzarote. Esta empresa pública canaria se encuentra en concurso de acreedores y se ha imputado a todo el consejo por mala gestión.
