Hace más de veinte años, el entonces Ministerio de Obras Públicas realizó un deslinde de costas en 1989 que afectó a 69 viviendas unifamiliares ubicadas en la calle Isabel de Villena, en el barrio de la Malva-rosa, entre otras.

El ayuntamiento lleva años intentando que los propietarios de las viviendas regularicen sus casas, previo pago de los metros cuadrados que se encuentran dentro de las parcelas pero que, sin embargo, son de propiedad municipal. De las 69 viviendas afectadas por el plan, sólo 15 han realizado los trámites previos y ya están incluidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Además, existen veinte expedientes en trámite y cuatro acuerdos encima de la mesa para emprender acciones judiciales que permitan expropiar los metros cuadrados municipales. En dos de los cuatro expedientes de expropiación iniciados por el ayuntamiento se exige el pago de 66.734 euros para legalizar una parcela de 77,82 metros cuadrados (para la unifamiliar ubicada en la calle Isabel de Villena, 139), y 48.644 euros por una porción de 56,72 metros cuadrados (en Isabel de Villena, número 151). Sin embargo, existen más de 30 propietarios que desconocen que, antes o después, deberán abonar al ayuntamiento la cuantía correspondiente para poder regularizar sus casas.

Y es que el ayuntamiento no actúa de oficio. "El consistorio va notificando la situación de irregularidad de las viviendas conforme los propietarios solicitan una licen?cia de obras o algún tipo de permiso que afecte a los inmuebles. Entonces, el servicio de Patrimonio se pone en contacto con los propietarios para explicarles la situación e iniciar el expediente por el que los técnicos valorarán el precio que hay que pagar para adecuar sus viviendas al plan de ordenación vigente. Si no hay acuerdo ni visos de conseguirlo, se inicia el trámite pra expropiar los terrenos", explicó el concejal de Patrimonio, Alfonso Novo. Los técnicos municipales son los encargados de fijar el precio de cada parcela, según el coste del metros cuadrado en el mercado, que se van actualizando conforme pasa el tiempo.

Sin embargo, las cuantías no se han modificado apenas desde los últimos años "debido a la situación de estancamiento que atraviesa el mercado inmobiliario". "El objetivo es ir legalizando poco a poco todas aquellas viviendas afectadas por el deslinde de 1989. El precio es el que fija el mercado inmobiliario y la cuantía la fijan los técnicos", concluyó Novo.