El tribunal imputa a Grau y lamenta que Camps y Barberá queden al margen

La Audiencia ha confirmado además la imputación de otros cuatro valencianos: los exdirectores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) José Miguel Aguilar y Jorge Vela, el esxecretario de Eventos de la Generalitat Luis Lobón, y la exdirectora de gestión de Cacsa Elisa Maldonado.

El auto hecho público hoy insiste en que "la verdadera naturaleza jurídica" de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (Ftvcb) "era pública", y por tanto estaba sujeta a la normativa de la contratación pública, pese a lo cual "no se observaron las reglas" en la adjudicación del convenio para la cumbre Valencia Summit y en el uso de la figura del canon como precio de los servicios.

Aunque Grau no fue en persona quien suscribió ese convenio, "su descarte resulta imposible", tanto por el compromiso económico del Ayuntamiento como porque para llevar a cabo el proyecto era necesaria la participación del Ayuntamiento, que "ya estaba comprometida" por la alcaldesa, Rita Barberá.

Según el auto, Grau sabía que Barberá "avalaba, respaldaba y se mostraba conforme" con que se llevara a cabo ese evento, y "dispuso del dominio y control sobre la concertación y el gasto a ella destinada, de modo tal que participó en la misma tanto de modo activo como por omisión".

Así, añade que Grau pudo haber formulado reparos o exigido que los convenios se sometieran a controles jurídicos y contables previos "y nada hizo, pese a que ostentaba una posición de garante de los fondos públicos que manejaba la Ftvcb, en tanto que presidente de su patronato y a su vez vicealcalde" y edil de Turismo.

"Existen razones para pensar que su apoyo al proyecto hubo de influir decididamente en que finalmente la concertación se verificase", pues en el patronato "por sistema se aprobaban" las propuesta del Ayuntamiento al tener mayoría de votos, y su gestión corría a cargo de Grau y del director de la Fundación, que dependía de él, señala.

La Audiencia indica que existen correos electrónicos que ponen de manifiesto que la Ftvcb "colaboró en la redacción del convenio de colaboración, y que no es verdad que viniera determinado desde Cacsa", aunque esta empresa pública de la Generalitat fuera la primera en sumarse al proyecto.

El auto indica que Grau dio su apoyo "influido, posiblemente, porque dicho proyecto era conocido por altas instancias de la Generalitat y por la misma alcaldesa, y sabía que los responsables de ambas instituciones eran favorables a la concertación al estar la entidad implicada, en apariencia, relacionada con la Casa Real".

Camps y Barberá, salvados

Por otra parte, la Audiencia, en su auto, lamenta que tanto el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps; como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, han "quedado al margen del escrutinio judicial la posible participación que en los hechos sumarialmente enjuiciados y respecto de los convenios de colaboración suscritos para la celebración del Valencia Summit". En este sentido, el escrito advierte que el TSJCV "no admitió dirigir la imputación contra estos aforados, si bien dejó la cuestión abierta".

El auto explica que "tal vez, esa decisión podría haber sido nuevamente revisada a la luz de la conclusión de la investigación, por cuanto el TSJCV en su auto citado indicó que en ese momento procesal no había indicios para dirigir una imputación contra los citados aforados, pero tal declaración no fue terminante, ni dejó ya definitivamente cerrada o juzgada la cuestión".

Así, el escrito de la Audiencia de Palma incide en que "se pudo haber aprovechado la vía impugnativa de los recursos contra el auto transformador para solicitar nuevamente la imputación de estos aforados, si es que por algunas de las partes se estimaba que los mismos de alguna manera podrían haber ilícitamente participado en la contrataciones controvertidas, solicitud que nos hubiera hecho replantearnos nuestra competencia (debiendo decidir, en tal caso, si habría que remitir el procedimiento al TSJCV para su resolución), pero ninguna parte acusadora ha suscitado esta cuestión y por tanto hemos de estar y pasar por lo dicho por el TSJCV al denegar la imputación por insuficiencia de indicios contra la Sra. Barberá y el Sr. Camps, por lo que tal decisión se presenta ya inatacable".

Apunta a Rita Barberá

El escrito de la sala indica que la propia alcaldesa "impulsó la contratación" del evento Valencia Summit, derivando esta al seno de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) -que preside su vicealcalde, Alfonso Grau, nuevamente imputado en esta causa- y la entidad Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA). "De ahí los contactos previos y personales" que mantuvieron Urdangarin y Torres con Barberá "y con el mismísimo presidente de la Generalitat" Francisco Camps, encuentros que "admite y reconoce el propio TSJCV en el auto que denegó la imputación de ambos aforados", expone.

"Resulta ingenuo pensar" que Barberá, en atención a la relevancia de Urdangarin, "se limitase a recomendarle que se dirigiera él a FTVCB y CACSA, sin concertar la cita o arreglar previamente el encuentro que luego se produjo", expone. Según la Audiencia de Palma, las "inobservancias" de la legislación en el convenio que se firmó para esas cumbres deportivas "pudieron deberse a una causa ilícita en la contratación, cual sería la influencia ejercida" por Urdangarin sobre "los responsables políticos a los que estaban vinculadas" FTVCB y CACSA.

"Nos referimos a su alcaldesa y al entonces presidente de la Comunidad Autónoma, ya que ambos decidieron que el proyecto se realizase a través de ambas entidades", añade el texto.

El auto prosigue que, al no estar integradas en sus Administraciones, se favorecía que la contratación del Valencia Summit a Nóos "se verificaría ajena a los principios de publicidad y concurrencia que han de presidir toda contratación con fondos públicos, o al menos no se aseguraron de que ello no fuese así".