«No pedimos un trato de favor, sólo coherencia». Así se mostró ayer la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia (FAVV), María José Broseta, en representación de movimiento vecinal de la ciudad, que demanda un «trato justo» ante la revisión de las concesiones de locales municipales que va a llevar a cabo la Delegación de Patrimonio, liderada por María Oliver (En Comú). Broseta pide además que se «ponga en marcha otra revisión centrada en aquellos locales que se tienen arrendados», ante el gasto del consistorio en alquileres, cifrado en un 1,5 millones este año.

Las asociaciones vecinales salen a la palestra ante la medida anunciada por el ayuntamiento, que pretende convocar un concurso en el mes de mayo para la nueva adjudicación de locales municipales, a causa de la falta transparencia, que según la delegación, ha manifestado durante años estos trámites en el consistorio.

«Solicitamos al nuevo equipo de gobierno y, en concreto, a la concejala María Oliver, un trato justo para el movimiento vecinal a la hora de revisar las cesiones de los locales municipales, así como que, al mismo tiempo, ponga en marcha otra revisión centrada en aquellos locales que se tienen arrendados y quienes son los beneficiarios de los mismos», afirma Broseta, quien añade: «¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de Valencia gaste 1,5 millones de euros en alquileres cuando existen espacios de propiedad municipal, así como varios equipamientos rehabilitados con cargo al Plan E que han supuesto una inversión millonaria y que, a día de hoy, están vacíos o no se están utilizando?».

La FAVV considera que la reducción de esta partida «debería ser una prioridad para el consistorio, antes de poner en el punto de mira las concesiones de colectivos que trabajan por la ciudad», según la presidenta de la federación, que apunta a la prórroga que se aprobó durante la última Junta de Gobierno Local a un centro de mayores de la avenida Portugal, que en 2015 presentó un gasto de arrendamiento para el consistorio de 21.000 euros. «El equipo de gobierno debe replantearse su política de alquileres y comenzar a destinar ese dinero a rehabilitar aquellos que no estén en condiciones de habitabilidad para acondicionarlos y empezar a darles uso. Es fundamental que el patrimonio del que dispone el ayuntamiento se utilice con fines sociales para favorecer la participación de los vecinos en la gestión municipal», afirma la presidenta de la FAVV.

Tanto las asociaciones que ya ocupan locales municipales, como aquellas que deseen hacerlo deberán presentar en la próxima convocatoria documentación que acredite su trayectoria y un proyecto de actividades. El objetivo es revisar temporalmente la actividad de los colectivos que operan en estos locales, con tal de garantizar el aprovechamiento de estos bienes municipales.