El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia denunció ayer que el «Tripartito» está «controlando» el acceso de sus concejales y asesores a las dependencias municipales, lo que entiende como el «menoscabo» de sus tareas de oposición. El equipo de gobierno, sin embargo, dice que sólo se le ha retirado la tarjeta de acceso a los asesores suspendidos de empleo y sueldo, que ahora tienen que pasar los controles «como todos los ciudadanos».
Este periódico fue testigo, a eso de las 11,30 horas de ayer, del incidente ocurrido entre la concejala popular Beatriz Simón y los policías de la puerta. Estos le negaron la entrada por el sitio habitual y le pidieron que se identificara en la caseta y pasara por el torno. «Yo no me lo podía creer, soy concejala y me conocen desde hace 17 años», relató Simón visiblemente indignada.
No obstante, acató la orden y subió al grupo, donde unos minutos después se personó el oficial al mando y le pidió perdón. «Nos hemos equivocado, usted no está en la lista», le dijo.
Tal aseveración la dejó más tranquila, pero ¿y eso de la lista? ¿Acaso hay listas negras?, se preguntó la concejala popular, que ayer al menos no tuvo respuesta.
No hizo falta. El Grupo Popular sospecha que se trata de controlar a los asesores „ocho en total„ que han sido suspendidos de empleo y sueldo al estar «investigados» en la pieza separada de la Operación Taula. Y no les gusta la medida. Es más, recuerdan que esos asesores son miembros de las juntas de distrito o representantes de organismos municipales, por lo que «necesitan seguir accediendo al grupo en momentos puntuales». En consecuencia, califican esta medida como «persecución» y advierten de que «pese a este empeño en desmantelar y obstaculizar la labor de oposición, no nos van a callar ni nos vamos a plegar a prácticas que van contra los derechos fundamentales de las personas».
Por su parte, fuentes del equipo de Gobierno respondieron al PP asegurando que «no se persigue a la oposición». Según dicen, la suspensión de empleo y sueldo implica la retirada de las tarjetas de acceso, lo que no significa que los asesores no puedan continuar accediendo como cualquier otro ciudadano, presentando su DNI. Las fuentes aseguran igualmente que esta medida se adoptó después de que el personal de la casa advirtiera que los asesores se saltaban el control de acceso. «Los asesores no son más que los vecinos, y los del PP, por supuesto que tampoco, aunque en otros tiempos hayan creído que la casa consistorial era suya en propiedad».
