El Ayuntamiento de Valencia seguirá los pasos de Barcelona para cerrar el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Zapadores, después de que la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, denegara la autorización de reapertura del CIE de Zona Franca, ya que el Ministerio de Interior no había tramitado la licencia de actividad requerida por el consistorio. Sin embargo, pocas horas después el Gobierno anunciaba la reapertura de las instalaciones a pesar de la orden municipal y aseguraba que los servicios jurídicos del Estado recurrirán la resolución del consistorio catalán. En medio de este pulso, el concejal de Cooperación de Valencia, Roberto Jaramillo, aseguró a este periódico que el «cap i casal» perseverará en su intento de clausurar el centro de Zapadores y tratará de buscar un razonamiento jurídico para ordenar el cierre.
Jaramillo felicitó a Ada Colau y al Ayuntamiento de Barcelona «por trabajar y conseguir el respeto de los derechos humanos» y, en segundo lugar, «por demostrar que sí hay competencias municipales que afectan a este tipo de instalaciones». El concejal de València en Comú consideró que Barcelona «ha dado el primer paso» para que otros ayuntamientos puedan cerrar sus centros de internamientos para extranjeros, como el de Valencia, que a su juicio no garantiza los derechos de los internos y sufre carencias graves de salubridad.
En ese sentido, Jaramillo asegura que Valencia «sigue trabajando» para conseguir el cierre de las instalaciones de Zapadores. «Hicimos una petición para que los inspectores municipales pudieran realizar una inspección técnica del centro, pero la Delegación de Gobierno nos lo denegó. El alcalde ya avisó que seguiríamos trabajando desde el gabinete jurídico del ayuntamiento para encontrar la fórmula que nos permita actuar, y en esas estamos, trabajando y preparando un informe que desde el punto de vista jurídico sea impecable y nos dé la base legal para su cierre», explicó el regidor de Migrantes.
Hace unas semanas Delegación de Gobierno sí autorizó la visita «política» de varios miembros del gobierno local, encabezados por el alcalde Ribó. Allí pudieron constatar las deficiencias del centro de Zapadores, aunque no les permitieron grabar y ni tomar fotos de su interior.
Jaramillo está convencido de que la demostración de fuerza del gobierno de Ada Colau da la razón a las tesis jurídicas que en este tipo de instalaciones del Estado existen competencias municipales que han de ser consideradas y cumplidas para su funcionamiento. De hecho, la alcaldesa de Barcelona ha escogido la vía de la licencia de actividad del centro, aunque el concejal valenciano asegura que ambas ciudades son diferentes y no regulan de la misma manera las licencias. «Sin embargo „advirtió Jaramillo„, Barcelona y Valencia nos estamos retroalimentando con la experiencia y no solo estamos siguiendo la estela de ellos, sino que estamos abriendo nuestro propio camino», remarcó.
Sobre el caso de Barcelona, después de que el Gobierno comunicará que tenía la intención de reabrir el CIE cuando finalizaran unas obras de mejora del centro, la Ciudad Condal remitió el pasado 28 de abril una notificación a la Secretaría de Estado de Interior en la que advertía de que en una inspección municipal se había constatado que el centro operaba sin la licencia correspondiente a su actividad y por eso procedía a su cierre. El pulso sigue en marcha.
