La Generalitat Valenciana ha descargado toda la responsabilidad de los apartamentos ilegales de Valencia sobre el ayuntamiento de la ciudad. Según explicó ayer el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, la administración autonómica no tiene previsto modificar la legislación relativa a este tipo de viviendas. A su juicio, debe ser el consistorio el que establezca una normativa urbanística que diga dónde puede o no pueden situarse este tipo de establecimientos.
Las declaraciones de Colomer se produjeron ayer en uno de los múltiples actos convocados para celebrar el Día Internacional del Turismo, que este año se ha centrado en la accesibilidad de la ciudad para las personas discapacitadas. Y el motivo es que en Valencia puede haber un millar de apartamentos sin regulación alguna, generando molestias a los vecinos e incrementando el mercado «low cost» fuera del control administrativo.
En principio, la queja de los propietarios de los apartamentos es que la Generalitat les exige un certificado de compatibilidad con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia, algo que resulta imposible para los apartamentos situados en viviendas de vecinos al tener un uso residencial y no terciario.
Hay, además, una sentencia judicial que establece que a este tipo de viviendas turísticas no se les puede exigir lo mismo que a los hoteles.
En consecuencia, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat se han propuesto conjuntamente hacer una nueva normativa que dé cobertura a este tipo de apartamentos, siempre haciendo compatible el desarrollo turístico con la tranquilidad de los vecinos.
Ayer, sin embargo, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, aseguró que el tema de los apartamentos turístico «está regulado» y que «es un tema de pedagogía». «No se puede dar espacio al intrusismo profesional, a la competencia desleal, al fraude fiscal y a todo aquello que no esté regulado», dijo Colomer, que aunque está dispuesto a ver cualquier cambio, dijo estar del lado de sector y «al lado de los alojamiento regulados por vía legislativa, que son los hoteles, los apartamentos, los campings y los alojamientos rurales».
A su juico, la legislación autonómica es muy clara. «Los apartamentos turísticos legales son compatibles con el modelo que pretendemos», aseguró. Es el Ayuntamiento de Valencia, añadió, el que tiene que regular esa situación de ilegalidad modificando o adecuando la normativa urbanística.
Cambios en el Plan General
Ayer precisamente, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Vicent Sarrià, explicó que los apartamentos turísticos se van a regular modificando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Según dijo, se revisará las normativa urbanística para facilitar la ordenación de los apartamentos, aunque «no habrá barra libre». Las zonas residenciales se protegerán y se flexibilizará la normativa para los bloques completos.
Ante la imposibilidad de acabar con los apartamentos en edificios de viviendas normales, la idea del consistorio es dirigir a las empresas hacia los bloques completos rebajando las exigencias, por ejemplo, para aprovechar edificios protegidos, de los que hay gran cantidad en Ciudad Vella, una de las zonas más afectadas por este fenómeno. El consistorio se propone también hacer un «censo» de los apartamentos ilegales para conocer la envergadura del problema y tratar de, al menos, reducirlo.
