Una fiesta ilegal de Nochevieja en los túneles subterráneos de la línea T2 de Metrovalencia ha vuelto a colocar el foco sobre una infraestructura asaltada varias veces en los últimos años. El Partido Popular, que fue quien paralizó las obras en 2011 por falta de presupuesto, salió ayer a defender que aunque en septiembre de 2014 rescindió el contrato de mantenimiento y seguridad que había firmado en 2012, nunca dejó «abandonadas» las instalaciones. Cuando la conselleria entonces dirigida por Isabel Bonig prescindió de la contratación con Acciona Infraestructuras SA, optó por un contrato menor de asistencia técnica de vigilancia e inspección. Una decisión que justifica «porque preparaba otro pliego de licitación por el inminente traspaso de competencias del EIGE (Entidad de Infraestructuras de la Generalitat) a la Conselleria».
La nueva contratación„ con Gesman„, dio comienzo en enero de 2015. Era de seis meses, prorrogable hasta un máximo de ocho meses. En el primer informe que realizó en junio de 2015, Gesman ya advertía a los responsables de la conselleria de actos vandálicos y un deterioro notable de puntos concretos que necesitaban reparación. Apuntaba entonces que se hacia necesaria la contratación urgente de nuevo de un mantenimiento y conservación de las infraestructuras aún adscritas a EIGE al no haberse producido el anunciado trasvase de funciones. Las elecciones municipales y autonómicas, que el PP perdió ese mismo mes, provocaron un cambio de gobierno en la Generalitat, y también en el Ayuntamiento. El PP reprocha ahora que desde agosto de 2015, en que acabó ese servicio de vigilancia, la conselleria actual, con la socialista Maria José Salvador al frente, no haya licitado nada hasta este nuevo asalto a los túneles.
Martín (PSPV) habla de cinismo
La diputada socialista y portavoz de Infraestructuras del grupo socialista en Les Corts, Sandra Martín, apuntaba ayer que desde hace meses se está trabajando «para reestructurar el desorden que el PP instauró en el EIGE de quien depende esta infraestructura», lo que obstaculizó la licitación de estos contratos de mantenimiento y seguridad. Desde octubre es Ferrocarrils de la Generalitat quien ha asumido las competencias.
Martín, además, lamentaba que los «despropósitos del PP y su presidenta Isabel Bonig para el nuevo año sigan por el camino de la desvergüenza, el cinismo y la desfachatez». Acusaba a Bonig de ser la máxima responsable de que las obras de la T2 estén «desamparadas y olvidadas ya que fue ella como consellera quien decidió en septiembre de 2014 finalizar el contrato de mantenimiento e inspección», y denunciaba «el cinismo del PP que se atreve a pedir responsabilidades cuando fueron ellos mismos quienes debido a su mala planificación se vieron obligados en 2011 a paralizar las obras y dejarlas totalmente abandonadas a su suerte».
