El libro blanco del Consorcio Valencia 2007 que ayer presentó su actual director general, Vicent Llorens, a los socios del Govern de la Nau prevé la revisión de los estatus del organismo que gestiona la Marina Real Juan Carlos I con la intención de recuperar el control de este organismo por parte de las administraciones valencianas. Pese a ser mayoría en el consejo rector, la Generalitat y el Ayuntamiento no pueden tomar prácticamente ninguna decisión sin el beneplácito del Gobierno, que se reservó en los estatutos el derecho de veto en las cuestiones económicas y financieras. La idea es impulsar un organismo de gestión agil que no dependa de las reuniones del consejo rector, donde meses después de la formación del nuevo gobierno, sigue sin haber un interlocutor del Estado.
Llorens presentó ayer a los tres socios del Govern de la Nau la gestión estratégica de la marina para los próximos años, el plan económico y financiero y su nueva imagen corporativa. El documento, que prevé que la marina empiece a ser rentable entre 2018 y 2019, se presentará ahora a la Generalitat y al delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues. La rentabilidad de la marina depende, no obstante, de que el Gobierno asuma la deuda de 440 millones que lastra la marina, cuyos ingresos están actualmente embargados por el impago de una póliza de crédito. Llorens plantea en su plan financiero que el Gobierno asume la deuda, toda o parcialmente, en proporción a su porcentaje de participación (40%) en el consejo rector.
De la estrategia para la marina del nuevo director general transcendió ayer que se mantiene el proyecto del hotel de hasta 30 alturas a espaldas de la antigua estación marítima. El Consorcio exigirá un diseño especial para este edificio, respetuoso con el entorno y eficiente. «Será un edificio ejemplar», que deberá someterse a unas normas estrictas de diseño y materiales, explicó Ribó. . Ante los límites en el plazo de concesiones que rigen el Consorcio, donde no se puede ir más allá de los 32 años de vida útil de este organismo, el ayuntamiento será el que licite el proyecto, tal como hizo en su día con el centro de innovadores y emprendedores de Juan Roig en la marina.
En relación al plan económico y financiero, Llorens aseguró que se trata de un documento «fundamental que da credibilidad al plan estratégico», además de afirmar que es «optimista pero realista porque todo lo que plantea se puede hacer» y de que los integrantes del Consorcio están «capacitados para ejecutar ese plan».
Entre las prioridades de inversión para el año próximo se encuentra la rehabilitación del tinglado 2, en estado ruinoso, que se convertirá en una gran plaza pública. El revisado plan de usos, que reduce la superficie comercial prevista inicialmente, contempla la utilización como espacio cultural y de innovación tecnológica para los tinglados 4 y 5, que la Conselleria de Obras Públicas devolverá este año a la ciudad después del desmantelamiento de los boxes de la F1. El plan que presentó ayer Llorens «permite mantener y mejorar el nivel de servicios que se presta, la calidad del espacio público y los edificios». Uno de los que sigue sin destino claro es el de los Docks, que el alcalde ofreció en su día para albergar un CaixaFórum, que todo apunta irá finalmente al Ágora.
Otro de los proyectos que negocia el Consorcio es el traslado del Real Club Náutico de Valencia, cuya concesión en Pinedo está a punto de concluir, al entorno de la marina. En concreto, se estudia la posibilidad de que el náutico se ubique en el muelle de Poniente, en la zona que liberará Transmediterránea cuando se reubique en la nueva terminal de cruceros. El Náutico y la marina real quedarían conectados a través de un canal de nueva construcción.
La base del Alinghi será de gestión directa del Consorcio y se destinará a espacio público y de participación ciudadana , así como a clúster empresarial.
La deuda de 440 millones «es inasumible»
El alcalde, Joan Ribó, reiteró ayer que con la deuda de 440 millones de euros adquirida por el Consorcio como consecuencia de las infraestructuras de la Copa del América debe pasar lo mismo que ocurrió en Sevilla, en Barcelona y en Zaragoza „con la Expo 92, las Olimpiadas del 92 y la Expo de 2008„, esto es, «que la asuma el Estado».
El director general del Consorcio, Vicent Llorens, por su parte, destacó que «no es una cuestión de reclamación política» sino un asunto «de justicia» y aseguró que esa deuda «no la puede asumir el Consorcio». «Vivimos en la realidad, no en la falacia». «Se tiene que negociar y asumirla la administración que es capaz de asumirla» en alusión a la central.
