Los vecinos de la Casbah, una urbanización con cerca de 80 viviendas unifamiliares y apartamentos, insisten en que sus casas «no son ilegales» y señalan al puerto como principal responsable de la regresión de la costa que ahora amenaza sus viviendas. Cuando las compraron en los años 60 estaban a casi 200 metros del mar y ahora, por efecto de la regresión de la costa y la expansión del puerto, el mar ha llegado a la puerta de sus casas. Guillermo Casanova, cuyos padres fueron unos de los primeros propietarios de la urbanización, donde actualmente viven de manera continuada unas 40 familias, denuncia el «abandono» y la «dejación» del problema que han hecho «todas las administraciones». «Hay una intencionalidad de que el mar se trague la Casbah», apunta este vecino, afectado por el deslinde de 2008 que dejó sus casas dentro del dominio público marítimo-terrestre y contra el cual han batallado judicialmente y todavía mantienen varios frentes abiertos en los tribunales.
La solución para los vecinos, que insisten en que ellos pagan sus impuestos y «somos núcleo urbano» pasa por la regeneración del litoral con escolleras, arrecifes y trasvases de arena.
Las administraciones, aseguran los vecinos, están llevando a cabo «una confiscación» de las viviendas y apuntan que si la intención del ayuntamiento y el ministerio es desalojarlos de sus casas lo que deberían hacer es «declarar de utilidad pública las viviendas e indemnizarnos».
La presidenta de la Asociación de Vecinos de la Devesa, Ana Gradolí, aseguró que «llevamos meses denunciando la situación del muro de la Casbah» y «nadie nos ha hecho caso». Gradolí reclamó una actuación coordinada desde Pinedo hasta Cullera.
