Luis Salom ha enviado un escrito a Joan Ribó en el que le acusa de «diferencias evidentes en la forma de tratar al personal municipal investigado en distintos procesos judiciales». El asesor del grupo municipal popular, investigado en el caso Taula, reclama al alcalde de Valencia que la junta de gobierno local proceda a cerrar su expediente disciplinario «de acuerdo con el tratamiento dispensado a las tres personas de su entorno político». Salom cita los casos judiciales de Vicent Llorens, director general del consorcio Valencia 2007, «investigado por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, revelación de secretos, falsificación de documentos públicos y coacciones». También se refiere a Rafa Rubio, coordinador de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia, «investigado por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad y fraude en la contratación». En cuanto a Carlos Galiana, concejal de Comercio, se le acusa «de un presunto delito de prevaricación». «A ellos no se les ha expedientado», denuncia.

Según Salom, la junta de gobierno adoptó la decisión de abrirle un expediente disciplinario con la medida cautelar de suspensión de funciones «con efecto inmediato sin derecho a ser escuchado ni a realizar ningún tipo de alegación, por el método clásico del ordeno y mando». Una decisión tomada, explica, «de forma totalmente precipitada, sin ningún informe técnico que la impulsara». El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo anuló dicho acuerdo por considerarlo «nulo de pleno derecho». «Se constata una falta de definición de los hechos sobre los que se basa la suspensión, puesto que únicamente se basa en la información pública difundida en los medios de comunicación», recuerda Salom a la primera autoridad municipal.

El Ayuntamiento, que fue condenado en costas, evitó recurrir la Sentencia ante el TSJCV, acató el fallo y el 10 de junio de 2016 aprobó la «reincorporación completa a mi puesto de trabajo en el Grupo Municipal Popular». Algo que Salom denuncia solo ocurrió con el resto de miembros suspendidos cuando así lo solicitaron «con un escrito que fue retenido más de 10 días». La Junta de Gobierno aprobó el 24 de junio de 2016 la reincorporación inmediata en sus puestos de trabajo al resto del personal suspendido. Salom espeta a Ribó que informó de tal decisión a través de un comunicado donde la institución reconocía «el uso político de la Administración por parte del Gobierno que Vuestra Ilustrísima preside».

La denuncia de Salom incide en que aunque fueron readmitidos por orden judicial, «sigue vigente el acuerdo de apertura y suspensión de la tramitación de los expedientes disciplinarios, anulándose únicamente la ilegal medida cautelar de suspensión de funciones que fue recurrida al Juzgado». «Como puede observar, el delito de blanqueo de capitales no está en el listado que el Poder Judicial considera corrupción», argumenta, enviándole a Ribó el listado de los artículos, y reitera que «sí son delitos lo que se atribuye a las tres personas investigadas del entorno político» del primer regidor.

Recurso contra Sandra Gómez

Salom, además, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra Sandra Gómez al no atender la concejala socialista una petición para facilitarle «la concreta página del sumario de la investigación» del caso Taula donde «supuestamente consta que Beatriz Simón ofreció los proveedores de su empresa para blanquear dinero a su gente de confianza».