El Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana han iniciado un plan para regular los servicios sociales y han avanzado las negociaciones para trasferir servicios que paga el consistorio pero que competen al Consell como la residencia de personas con diversidad funcional de Vall de la Ballestera. La concejala de Bienestar Social, Consol Castillo, se reunió ayer con la secretaria autonómica de Servicios Sociales, Helena Ferrando, para avanzar en este asunto.
Se trata de una acción enmarcada en un plan de racionalización de los recursos del Ayuntamiento en esta materia ya que, según ha explicado Castillo, «el anterior equipo de gobierno decidía qué servicios sociales subvencionaba o no, en base a simpatías personales».
«Esto ha comportado que durante los años de gobierno popular se hayan dedicado numerosos recursos a servicios que correspondían a la Generalitat y, en cambio, se hayan abandonado colectivos que sí dependen del ayuntamiento, como es el caso de los jóvenes y los menores, que durante años y años han estado huérfanos de recursos municipales», explicó.
La concejala anunció que el ayuntamiento «construirá dos centros de día para este colectivo, uno en el Cabanyal y el otro en las Naves de Ribes del Parque Central, para dar servicio a un colectivo muy necesitado de recursos que les ayuden y atiendan adecuadamente».
En la reunión, la secretaria autonómica se mostró receptiva a que la Generalitat asuma ya en este año 2017 la concesión de una parte de las 65 plazas con las que cuenta la residencia de Vall de la Ballestera, con la intención por parte de ambas instituciones de poder oficializar en el 2018 el traspaso completo del servicio.
Así, el ayuntamiento cedería el edificio a la Generalitat, quien desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas pasaría a gestionar la residencia.
El Ayuntamiento de Valencia abona anualmente 2,5 millones de euros aproximadamente para este servicio que el gobierno del PP asumió cuando se trataba de una competencia autonómica.
La gestión de Castillo permitirá a la Concejalía de Servicios Sociales disponer de más presupuesto a partir de los próximos años para destinar a colectivos que hasta ahora no han sido contemplados prácticamente por parte del Ayuntamiento.
Centros de formación
En la reunión también se acordó estudiar la situación irregular en la que se encuentran tres centros de formación para personas en diversidad funcional. En este caso, aunque el coste del servicio es asumido por parte de la Generalitat, el Ayuntamiento paga desde hace años el alquiler de los locales, unos 200.000 euros anuales.
«El objetivo es regularizar también esta situación y, sobre todo, adaptar los servicios sociales que tenemos en la ciudad a la legislación vigente», subrayó Castillo.
El deslinde de las competencias en materia de servicios sociales ha sido una asignatura pendiente de los municipios en los últimos años, en los que ha habido varios intentos de regulación que no fructificaron.
