No hubo un grito de guerra, pero si un discurso común. Los ayuntamientos exigen el fin de la Ley Montoro de 2013. Una norma, la de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que mantiene maniatadas a muchas administraciones municipales que quieren ofrecer más y mejores servicios a sus vecinos y, sobre todo, aumentar las políticas sociales tras unos años en los que las desigualdades económicas se han acentuado. Derogación o reforma radical, son las dos fórmulas que contemplan los más de 100 alcaldes reunidos en València con motivo de las primeras Jornadas Municipalistas por una financiación justa. El Palau de Congressos acogió ayer el primero de los dos días de debate del que debe salir una declaración conjunta que remitirán al Estado. Mientras, el Gobierno central observa a distancia la «rebelión de las ciudades», pero una posición unánime de municipios de todos los colores políticos podría poner contra las cuerdas la norma que impulsó el ministro Montoro.

Los argumentos se repitieron una y otra vez en boca de los alcaldes. Desde las ciudades más grandes, como Madrid o València, hasta medianos municipios como Terrassa o Vinaròs. Manuel Carmena, la gran estrella invitada „ante la ausencia por su embarazo de Ada Colau„, explicó que necesario mejorar los conceptos de financiación local y «procurar no empeorarla» ya que lamentó que ahora mismo hay «una situación de empeoramiento realmente sorprendente» consecuencia de la ley de estabilidad presupuestaria. Y puso ejemplo Madrid, que pese a tener un superávit de 1.000 millones de euros, no puede destinarlos a hacer políticas sociales.

Con superávit

«Muchos no solo no nos estamos endeudando, sino que tenemos superávit y estamos pagando nuestras facturas, en el caso de Madrid, a 10 días, pero cuando tenemos un excedente no lo podemos ampliar de una manera económicamente rentable y por tanto no solamente es una problema de las ciudades, sino de la economía del Estado», reiteró. Y es que la Ley Montoro solo permite que los saldos positivos de las administraciones locales se destinen a pagar deuda de los bancos o inversiones financieramente sostenibles que se han de ejecutar en el mismo año que se aprueban, por lo que es muy difícil que muchos proyectos salgan adelante.

En este sentido, Joan Ribó recordó al Gobierno que los ayuntamientos tienen superávit y «un nivel de endeudamiento muy bajo», por tanto, «tenemos que tener autonomía para gestionar nuestros recursos para dar servicios a nuestros ciudadanos».

«Las ciudades son importantes y necesitamos tener una financiación adecuada. Ese es el gran objetivo de estas jornadas porque los municipios españoles tienen una financiación muy por debajo de lo que en principio la Constitución les asigna en cuanto a servicios y esta ha sido siempre una asignatura pendiente de nuestra democracia», subrayó Ribó.

El alcalde del Cap i Casal destacó que en estas jornadas participan alcaldes de «todos los partidos del abanico político español» que van desde Bildu hasta el PP pasando por formaciones de tipo nacionalista. «Hemos venido aquí a reflexionar en común respecto a las necesidades económicas de los municipios y sobre problemas concretos derivados de determinadas leyes que ha impuesto el PP en al pasada legislatura como la regla de gasto y otros corsés de tipo económico», señaló. «Cuando culmine la declaración de Valencia habremos protagonizado un movimiento de cambio que va más allá del partido al que representamos», anunció Ribó.