La Comisión de Investigación del caso Taula terminó ayer sus trabajos en el Ayuntamiento de Valencia y aprobó sus conclusiones, la principal de las cuales es pedir el acta de los concejales del PP investigados por un presunto delio de blanqueo de capitales. El cierre de la comisión no contó, sin embargo, con el voto favorable de València en Comú, que preferiría seguir investigando aspectos como los contratos de la Rambleta. Ciudadanos también se abstuvo y el PP votó en contra.
Según explicó el presidente de la comisión municipal, Carlos Galiana, representante de Compromís, la principal conclusión es que los ediles del PP investigados en esta causa, nueve de los diez que componen el grupo municipal, entreguen el acta. Y en caso de que no lo hagan instan al PP a expulsarlos del grupo, tal como ha anunciado en reiteradas ocasiones su presidenta regional, Isabel Bonig.
Para Galiana «lo que ha quedado claro es que el grupo municipal popular funcionaba con total opacidad y que, consecuentemente, los concejales populares son responsables políticos de ese descontrol que, de manera nada clara, sirvió para financiar la campaña electoral».
El resto de conclusiones son que de ahora en adelante se hagan públicos los gastos de los grupos municipales; crear un registro de entrada de las visitas así como unos documentos para dejar constancia de las facturas y gastos; y la obligatoriedad de tener sólo una cuenta bancaria por grupo municipal, para lo cual tendrán un plazo de tres meses. También se acordó que los grupos municipales no puedan llevar a cabo tareas propias de las delegaciones.
Estas conclusiones, presentadas por Compromís, recibieron únicamente el apoyo del Grupo Socialista, representado por Sandra Gómez. El Grupo Popular votó en contra y tanto ciudadanos como València en Comú, uno de los tres socios de gobierno, se abstuvieron.
«El caso está vivo»
Jordi Peris, portavoz de esta última formación, acepta las conclusiones aprobadas ayer, pero entiende que no debe cerrarse la comisión. A su juicio, «lejos de estar en un punto muerto, el caso Taula está muy vivo», citando en concreto el caso de La Rambleta, del que se ha heredado un contrato «con muchos puntos oscuros que se tendrían que clarificar».
Por su parte, desde el PP han defendido que este grupo es el que «más medidas de transparencia ha propuesto». Ademas, su portavoz, Eusebio Monzó, sostiene que de los trabajos realizados «nada se desprende de que ninguna de las personas investigadas haya participado en hecho alguno que pueda revestir alguna presunta infracción o ilícito penal ni administrativa, como así hemos comprobado con el Auto del Tribunal Superior de Justicia sobre el diputado Miquel Domínguez».
Ciudadanos, con el edil Narciso Estellés, cree, por último, que la situación es «insólita» y que el cierre es «en falso», porque aún quedaba trabajo por hacer, vinculado al testimonio de expertos y el análisis de la documentación, principalmente expedientes en poder de la comisión.
