El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 8 de València ha dado la razón a un funcionario del Ayuntamiento de Valencia que fue suspendido de empleo y sueldo tras verse investigado, en su condición de asesor del PP, por un presunto delito de blanqueo de capitales. El magistrado impone incluso las costas al consistorio con un límite de 1.800 euros.
El asesor en cuestión es un veterano miembro del PP y del Grupo Popular municipal. Al igual que el resto de asesores del PP implicados en el caso los 1.000 euros (Operación Taula), fue suspendido de empleo y sueldo por decisión de la Junta de Gobierno Local, es decir, por el gobierno tripartito.
No obstante, el afectado interpuso un recurso por vulneración de derechos fundamentales, pues entendía que los hechos por los que se le investigan no tienen relación con su trabajo en el ayuntamiento ni con la función pública.
Por contra, los servicios jurídicos municipales alegaban que los hechos investigados «son graves y tienen directa relación con los principios éticos y de conducta que deben observar los empleados públicos».
Al final, el juez estima que es una cuestión de derechos fundamentales y tras remitirse a una sentencia anterior en la que ya se dio la razón a otro asesor del PP inmerso en este proceso, Luis Salom, resuelve de la misma manera. Considera que para suspender a alguien de empleo y sueldo debe ser una medida «indispensable o muy necesaria para garantizar la normalidad del servicio público o para no perjudicar la instrucción del expediente».
Es más, recuerda que hay en esta misma situación otros 7 asesores del PP con nombramiento de personal eventual y tres funcionarios de carrera también adscritos al partido.
El magistrado impone las costas al Ayuntamiento de Valencia con un límite de 1.800 euros.
