«En los procesos de remunicipalización podemos correr el riesgo de perder la calidad del servicio, o los precios». La advertencia la lanzaba ayer Ramón Tamames, en la presentación del libro «Remunicipalización. ¿Ciudades sin futuro?».
Publicado por el Observatorio de Servicios Urbanos y Profit Editorial, el ejemplar aborda el debate abierto en muchas ciudades sobre la rescisión de concesiones públicas a favor de empresas con el cien por ciento del capital municipal para gestionar la recogida de basuras, el alumbrado, los servicios funerarios, el agua o el saneamiento. Tamames, además, alertaba sobre la «oleada de populismo que se empeña en presentar soluciones simples a problemas complejos».
Ramón Tamames, Jesús Sánchez Lambás, Ramiro Aurín, Valeriano Gómez, Lorenzo Dávila y Carlos Díaz Güell son los seis expertos, fundadores de la Asociación para la Excelencia de los Servicios Públicos, que abordan en el libro una cuestión vigente ahora en muchos consistorios donde se dio un cambio político tras las elecciones de 2015.
Es el caso de Barcelona, Madrid, y València, donde el Govern de la Nau ha intentado recuperar la gestión directa de la grúa. Compromís, PSPV y València en Comú pretenden remunicipalizar también el refugio de animales. Ha recuperado el control del parking de la Plaza de la Reina y quiere hacer lo mismo con el futuro aparcamiento de Brujas. Según Tamames los criterios que han de guiar las externalizaciones, o no, han de ser «la eficiencia y la eficacia». «Estamos por lo mejor. Ni lo público, ni lo privado. Ni el azar, ni el amiguismo o el clientelismo», señalaba Tamames.
Lorenzo Dávila, por su parte, alertaba sobre el falso mito de la remunicipalización. «Los servicios son municipales, al margen de quién lo gestiona», señalaba. Dávila, además, hacia hincapié en que la «sostebibilidad y la eficiencia» han de ser los parámetros a seguir, «y no los elementos ideológicos».
Ramiro Aurín, mientras, insistía en la idea de que «no tiene sentido privatizar lo que funciona», pero tampoco que las administraciones recuperen aquellos servicios bien gestionados por las concesionarias. Fue el momento en el que citó expresamente a Aguas de València « con una extraordinaria tradición», y que es «un patrimonio de esta ciudad».
Dávila tomaba el relevo para argumentar que no es bueno que la administración «sea juez y parte para responder ante los ciudadanos», y que es mejor que se dedique a estipular «los mecanísmos de control de la concesión». Como ejemplo serio de los «problemas de corrupción» en la gestión públicaba recordaba el Canal Isabel II de Madrid.
