Según informaba el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juicio se desarrollará también los días 8, 11 y 12, y la Fiscalía reclama para el acusado una pena de un año de prisión por un delito de tráfico de influencias. Él ocupó el cargo de jefe de sección en la Oficina Técnica de Expropiaciones del Servicio de Gestión Urbanística. Según explica el escrito de acusación, los hechos sucedieron entre 2014 y 2015, cuando un hombre, que había solicitado licencia municipal para una pensión, fue informado de que los trámites se iban a retrasar por la cantidad de solicitudes.
El solicitante localizó al acusado y le contó el caso. El arquitecto averiguó el estado del expediente y confirmó al solicitante el retraso del mismo, y le pidió 50 euros. Meses después, el acusado contactó con el solicitante de la licencia y le propuso hablar con el funcionario que tramitaba su caso para que se agilizara a cambio de 600 euros. Pero luego el dueño de la pensión denunció los hechos.
