Moragues habla de «irregularidad administrativa» del consistorio

La Delegación de Gobierno en València rechazó por completo las acusaciones de «boicot» del Govern de la Nau y aseguró que «no está en contra de plazas destinadas al bienestar social». «l problema está en una irregularidad administrativa», aseguraron fuentes del departamento que dirige el popular Juan Carlos Moragues.

«El abogado del estado entiende que se ha podido incurrir en un fraude de ley vulnerando la normativa presupuestaria y la normativa de la función pública al no dotar presupuestariamente las plazas con el importe real de las mismas», argumentaron desde la Delegación de Gobierno.

En este sentido, en el recurso presentado se señala que se debe hacer mención a un documento emitido desde Intervención General-Servicio Fiscal de Gastos, en cuyo punto primero, «Modificaciones en la Plantilla» recoge que el servicio de Personal «ha cuantificado en 3.278.161,64 euros el coste anual que supone dicha modificación, al objeto de determinar su incidencia presupuestaria, «proponiendo la aprobación de una dotación inicial mínima de 1,00 euro en las plazas de nueva creación y el mantenimiento de la dotación existente en las plazas objeto de transformación». «Del mismo, se deduce que se está incumpliendo el artículo 41.2 de la Ley 10/2010 de 9 de julio de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, al dotar cada una de las 69 plazas creadas con un euro», explicaron fuentes de la Delegación.

Dicho artículo 41.2 de la ley 10/2010 de la Generalitat establece que los presupuestos «reflejarán los créditos correspondientes a las relaciones de puestos de trabajo, sin que pueda existir ningún puesto que no esté dotado presupuestariamente». «Por tanto, el Ayuntamiento de València propone la dotación inicial de 1 euro cuando la propia intervención del ayuntamiento cuantifica el coste anual en en 3.278.161 euros», insiste el departamento de Moragues.

En mayo de 2017, dos meses después del acuerdo del Pleno, la Delegación del Gobierno ya instó a anularlo vía administrativa. El consistorio tiene ahora 20 días para contestar al recurso presentado por el Abogado del Estado.