Más de una treintena de personas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se concentraron ayer en la avenida Maestro Rodrigo con el fin de paralizar el desahucio programado en la mañana de ayer. Se trata de Gilda, una mujer con discapacidad del 77 % que, tras quedarse en paro, no pudo hacer frente al alquiler de su vivienda. Tiene 58 años y la pensión no contributiva que recibe es de 369 euros. La orden judicial llegó durante la concentración y aplaza 30 días el desalojo de la vivienda. Un trámite realizado por el abogado de oficio con el que contacta la PAH.
"Cuando llegan casos de desahucio de alquileres, no tenemos margen de actuación para negociar con el banco o la administración", asegura José Luís González.
Gilda avisó el viernes de su situación. Al tratarse de un alquiler a una entidad financiera,la PAH puede actuar. «Cuando se trata de un contrato de arrendamiento entre particulares, no intervenimos», asegura González.
Desde la PAH se muestran preocupados porque no reciben el aviso de todos los casos de desahucio porque los afectados tienen «miedo y vergüenza por el qué dirán».
Desahuciadas 2.287 familias
Los datos del Consejo General del Poder Judicial indican que de abril a junio hubo una media de 35 desahucios al día en la Comunitat. En total, han sido expulsados de sus viviendas 2.287 familias. De ellos, el 49% no pudieron pagar la hipoteca y la otra mitad no pudieron afrontar el alquiler.
