El pleno del ayuntamiento aprobó ayer con la abstención del Partido Popular y Ciudadanos, el Plan Estratégico de Vivienda 2017-2021, un documento de más de 400 páginas que analiza exhaustivamente la situación actual en materia de vivienda en València y diseña seis líneas estratégicas de actuación para los próximos cuatro años.
De los datos se desprende que 82.000 hogares en València son susceptibles de reclamar un hogar digno, tanto por ausencia de vivienda como por falta de condiciones para vivir dignamente. En términos porcentuales supone un 25'9% de la población valenciana.
En cuestión de arrendamiento, la concejala de Vivienda, María Oliver, destacó durante su intervención algunos datos que se recogen en el informe. Entre mayo de 2014 y enero de 2017, la oferta de viviendas de alquiler accesible se ha reducido a menos de la mitad. "El 70 % de los pisos de alquiler están por encima de los 600 euros al mes, y los alquileres sociales casi han desaparecido", aseguró.
Oliver puso de relieve que solo en València existen 65.000 viviendas vacías "susceptibles de ser movilizadas" por el ayuntamiento para registrarlas y destinarlas a viviendas sociales. En total, un 13,6 por ciento de los inmuebles, como adelantó Levante-EMV.
La concejala de Vivienda señaló que se ha hecho un esfuerzo "por coordinarnos con la principal interlocutora, la Generalitat", debido a la relación de este plan con algunos puntos de la Ley de Función Social del Consell. Sin embargo, Oliver enumeró una serie de entidades con las que se ha establecido un diálogo en el proceso de redacción de este documento, como asociaciones, administraciones y colegios profesionales "para compartir experiencias y buscar soluciones a esta emergencia habitacional".
Escepticismo en la oposición
Desde Ciudadanos, que se ha abstenido en la votación del Plan, su portavoz, Fernando Giner, lamentó que la mayor parte de las actuaciones comenzarán a ejecutarse en 2019, "cuando tal vez ya no estén en el gobierno". Giner se mostró sorprendido de que tras haber superado ya la mitad de la legislatura, la corporación presente un plan a cuatro años vista. Además, tanto desde Ciudadanos como desde el Partido Popular recriminaron a la concejala Oliver que el Plan de Vivienda está basado en la Ley de Función Social de la Generalitat, paralizada actualmente debido a que el Gobierno central recurrió al Tribunal Constitucional un total de quince artículos porque invaden competencias estatales en esta materia. Por lo tanto, para Giner se trata de "un plan estratégico basado en una ley que tal vez sea inconstitucional", y concluyó afirmando que no se trata de un plan estratégico sino "una declaración de populismo que no soluciona problemas".
En la misma línea intervino el popular Alfonso Novo, para quien esta iniciativa es "una excusa para hacer creer a los valencianos que el tripartito está haciendo algo". Novo denunció que en el presupuesto del próximo año la partida de Vivienda tiene la misma cantidad que ha tenido a lo largo de 2017 "y sin embargo, no se ha invertido nada". Para el popular, la atención a personas con necesidades habitacionales solo se resuelve con dinero, y para ello hay que ejecutar los presupuestos. Pese a todo, Novo apeló a la cautela en la tramitación de esta ley "hasta que haya una sentencia definitiva del Constitucional sobre la ley autonómica de vivienda".
