La política retributiva del Govern de la Nau en cuanto a concejales y asesores se ha caracterizado por ser igualitaria y muy proteccionista, de ahí que desde el primer momento los 33 concejales de la corporación, tanto del equipo de Gobierno como de la oposición, tengan dedicación exclusiva pese a superar el número legal establecido.
La legislación actual fija en 25 el número de concejales que pueden tener dedicación exclusiva, lo que significa que 8 tendrían que quedarse sin ese privilegio, cobrando únicamente por su asistencia a comisiones, plenos o consejos de administración.
El equipo de Gobierno actual, sin embargo, decidió desde el primer momento sortear esa norma, aprobada justo al principio del mandato, para que todos los concejales siguieran cobrando el sueldo completo. Esos ocho ediles sin derecho a sueldo se compensaron quitando a los dos o tres diputados provinciales, que cobran de la Diputación, a los que tienen dedicación parcial, como es el caso del portavoz del PP, Eusebio Monzó, o tirando de complementos especiales compensatorios para los primeros tenientes de alcalde.
Reducción de salarios
A pesar de ello el gasto global en la corporación municipal se ha reducido en más de 100.000 euros anuales y además se han acercado los sueldos más bajos y los más altos. Joan Ribó se redujo su salario un 20% con respecto a la alcaldesa anterior, Rita Barberá, para dejarlo en algo más de 80.000 euros anuales. También se lo bajaron entre un 5 y un 20% los concejales del Gobierno, los primeros tenientes de alcalde y los portavoces, y se mantuvieron en 66.000 euros los de los concejales rasos de la oposición.
Con el nuevo Reglamento del Pleno, pues, se da una nueva vuelta de tuerca en ese proteccionismo a la corporación, en este caso a los miembros del equipo de Gobierno municipal, que son los que tienen responsabilidades ejecutivas.
La compensación de dos años para aquellos concejales que abandonen la corporación se ajustaría a los salarios que hayan cobrado cada uno de los afectados.
