El protocolo firmado ayer entre María José Salvador y Helena Beunza implica que las viviendas con suelo de titularidad pública que se edifiquen serán destinadas al arrendamiento, a la cesión de uso o a otro régimen de tenencia temporal por un periodo de tiempo indefinido o en todo caso un mínimo de 60 años, según comentaban en rueda de prensa.
Por lo que respecta a los requisitos, hay que diferenciar entre las viviendas destinadas al alquiler o cesión de uso asequible y las de cesión de uso social. En el primera caso, los ingresos de la unidad de convivencia no deberán ser superiores a 6 veces el IPREM; tener una renta igual o inferior a 600 euros mensuales. Y el alquiler debe ser igual o inferior al 30% de los ingresos de la unidad.
En el caso de las viviendas al alquiler o cesión de uso social, destinadas a personas con recursos económicos más limitados, los requisitos son: ingresos no superiores a 3 veces el IPREM; renta igual o inferior a 300 euros mensuales; el alquiler también debe ser igual o inferior al 30% de los ingresos.
