El desacuerdo entre el Ayuntamiento de València y la Generalitat sobre a quién corresponde la tramitación del expediente contra el festival de Paellas Universitarias del pasado mes de abril deja pendiente una posible sanción de hasta 600.000 euros por incumplir la Ley valenciana de Espectáculos. Fuentes municipales explicaron ayer que, tras el convenio firmado entre ambas Administraciones para trasladar al Consistorio las competencias para tramitar las sanciones graves y muy graves y su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat, la Abogacía de la Generalitat considera que la competencia es municipal.

Sin embargo, han argumentado que el convenio se publicó en el DOGV el pasado 13 de mayo, después de la sanción por las paellas universitarias, celebradas el 12 de abril, y que sería «lógico» que el Ayuntamiento tramitara los expedientes después de su publicación.

Sin embargo, fuentes de la Generalitat han indicado que la postura de la Abogacía es clara: «Como todavía no se ha iniciado ningún procedimiento sancionador y el Ayuntamiento tiene delegadas las competencias, debe ser el Ayuntamiento» el encargado de la sanción.

Reunión en unos días

Ambas fuentes han indicado que hay programada para la próxima semana una reunión de la comisión de seguimiento del convenio y está previsto que se aborde esta cuestión.

Desde el Ayuntamiento han resaltado que tras la publicación del convenio, «está al día» en la tramitación de expedientes sancionadores graves y muy graves.

Por otra parte, también se apuntaba a que existen más de 4.000 expedientes de hasta cuatro años atrás que, con el nuevo convenio, habrían correspondido al Ayuntamiento pero que consideran que «no tendría sentido colapsar los servicios municipales con todo lo que en su día no hizo la Generalitat».

Sin embargo, en el escrito presentado por la Abogacía de la Generalitat al Ayuntamiento, y que está pendiente de respuesta en los próximos días, se argumentaba que el consistorio «tendría que encargarse de todo lo que estaba abierto en ese momento», según las fuentes municipales.

También incidieron en que empezar de nuevo los expedientes con una nueva administración podría hacer que muchas de ellas caducaran o incluso, que pudieran llevarse a los juzgados.

Una primera sanción de 1.200 euros

Las mismas fuentes hicieron hincapié en que desde el Ayuntamiento ya se impuso la sanción de 1.200 euros a la empresa organizadora de las Paellas Universitarias por incumplimiento de la Ordenanza de contaminación acústica. A pesar de la incertidumbre hasta el último momento, la fiesta universitaria se celebró el pasado 12 de abril, con asistencia de 25.000 jóvenes. El Ayuntamiento había denegado la celebración pero la organización abrió sus puertas por considerar que había subsanado todas las incidencias que le reclamaban.

Si esta desobediencia se considerara falta grave, la multa podría ir desde los 30.000 hasta los 300.000 euros y, si fuera muy grave, se podrían alcanzar los 600.000 euros.