El pequeño contratiempo del concurso de reurbanización de la plaza de Ciudad de Brujas, Llotja, Mercat Central e iglesia de los Santos Juanes evidencia lo complicado que resulta para las administraciones públicas agilizar este tipo de procedimientos de obras. En demasiadas ocasiones las licitaciones ven interrumpidos sus plazos por pequeñas cuestiones formales y por recursos de las empresas licitadores.
Principalmente los reparos de las empresas llegan en dos momentos. El primero es por las exigencias de los pliegos de condiciones, y en el caso de la ciudad de València la imposición de las denominadas cláusulas sociales han sido en ocasiones tumbadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). El segundo momento en el que las licitadoras ponen a trabajar a sus abogados es en el momento de las valoraciones de las ofertas, ya que el consistorio suele descartar muchas ofertas al considerarlas bajas anormales y no justificadas. Ha sido el caso, por ejemplo, del concurso de la plaza de la Reina, suspendido tras su adjudicación provisional.
En ocasiones los recursos también vienen del lado de los sindicatos, cuando consideran que un concurso no garantiza el futuro laboral de una plantilla cuando un servicio pasa de manos de una empresa a otra. En el caso del contrato de mantenimiento del alumbrado de la ciudad, el TACRC consideró preceptivo subrogar a los trabajadores porque no tenían reconocido este derecho en su anterior convenio.
En los últimos meses, además, el Ayuntamiento de València se ha visto obligado a suspender varios procesos de licitación por recursos planteados por el Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana, al entender que los criterios del concurso no garantizaban la igualdad de oportunidades entre empresas u otro tipo de cuestiones. Hasta en siete ocasiones el TACRC le ha dado la razón al consistorio en sus procesos, hasta el punto de afear la actitud del órgano colegiado. Con la intención de acabar con este tipo de recursos, el Ayuntamiento de València ha elaborado un documento marco en el que se recogen buena parte de las reivindicaciones del Colegio de Arquitectos.
