El consistorio tendrá que gastar 3.600 euros por una denuncia archivada de Salom

Las denuncias sucesivas y reiteradas del asesor del PP Luis Salom contra el alcalde, Joan Ribó, y los miembros de su equipo de Gobierno, la inmensa mayoría de ellas archivadas, no solo están lastrando la acción de gobierno y generando inseguridad a la hora de tramitar los expedientes municipales sino que está costando dinero a las arcas municipales. Hoy mismo se aprobará en la Junta de Gobierno Local el pago de 3.600 euros al abogado y al procurador que han defendido al alcalde en una de esas denuncias, que no tuvo consecuencias, pero cuyas costas se paga cada una de las partes.

En este caso el procedimiento se ha llevado en el Juzgado de Instrucción numero 9 de València a raíz de un recurso interpuesto por el asesor popular Luis Salom contra el alcalde de València «por un presunto delito de prevaricación administrativa y de lesión de derecho cívico a causa de haber impedido el acceso a la información solicitada por concejales del Grupo Municipal Popular respecto a la entrega de la documentación solicitada por el concejal Crespo Hellín respecto a las actuaciones abiertas tras la comunicación por la Agencia de Protección de Datos del inicio del expediente por posible infracción». En concreto, se refiere al conflicto desatado por la encuesta fallera y las preguntas supuestamente inadecuadas que se formulaban en la misma.

Ese recurso finalmente no ha tenido consecuencias, pero los gastos del proceso hay que pagarlos y Joan Ribó, al tratarse de un conflicto desatado en el cumplimiento de sus funciones como alcalde, ha reclamado al consistorio los gatos del mismos, que se traducen en 3.369 euros para el abogado y 234 para la procuradora.

Formulada esta solicitud de reintegro por parte del alcalde, a la que tiene derecho por ley, todos los servicios municipales competentes en la materia han dado su autorización y hoy, previsiblemente, la Junta de Gobierno Local autorizará ese pago.

Desde que están en el Gobierno, tanto el alcalde como los concejales han sido objeto de numerosas denuncias de Luis Salom y, por ejemplo, una a Carlos Galiana costó 3.700 euros y otra a Maite Girau alcanzó los 2.200.