La vicesecretaría del Ayuntamiento de València ha hecho una observación a los presupuestos municipales del año que viene en la que advierte de la posible ilegalidad de las contrataciones en el consistorio al margen de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) o los incrementos de salario sin que exista el crédito «adecuado y suficiente para ello». Admite el vicesecretario que la Intervención la informado sobre esta situación y ha diferenciado entre RPT y plantilla, pero insiste en que «por encima de criterios técnicos resulta pertinente atender a las decisiones jurisdiccionales», pues, según dice, ya hay «decisiones judiciales que han anulado decisiones municipales» en este sentido.
La vicesecretaria ya presentó el año pasado una alegación al capítulo 1 de personal de los presupuestos municipales. Advertía de la obligación de cumplir lo dispuesto en la Ley 10/2010, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, según la cual «los presupuestos reflejarán los créditos correspondientes a las relaciones de puestos de trabajo de la administración. No podrá clasificarse ningún puesto de trabajo, ni incrementarse sus retribuciones, sin que exista crédito adecuado y lo suficiente para ello». Esa misma ley precisa que «los presupuestos reflejarán los créditos correspondientes a las relaciones de puestos de trabajo, sin que pueda existir ningún puesto que no esté dotado presupuestariamente».
Este año, vuelve a hacer la misma advertencia y admite que la Intervención General ya ha explicado las diferencias que existen entre relación de puestos de trabajo y plantilla y su relación con el crédito presupuestario. Y aunque «obviamente nada va a indicarse a lo informado por la Intervención», recuerda que «por encima de los criterios técnicos resulta pertinente atender a las decisiones jurisdiccionales».
Recientemente la Intervención General puso sobre la mesa presuntas irregularidades en València Activa por contrataciones de altos directivos que no están previstos en los Estatutos de la Fundación y contrataciones sin aplicar principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, según denunció el Partido Popular.
