La vicesecretaria ya presentó el año pasado una alegación al capítulo 1 de personal de los presupuestos municipales. Advertía de la obligación de cumplir lo dispuesto en la Ley 10/2010, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, según la cual «los presupuestos reflejarán los créditos correspondientes a las relaciones de puestos de trabajo de la administración. No podrá clasificarse ningún puesto de trabajo, ni incrementarse sus retribuciones, sin que exista crédito adecuado y lo suficiente para ello». Esa misma ley precisa que «los presupuestos reflejarán los créditos correspondientes a las relaciones de puestos de trabajo, sin que pueda existir ningún puesto que no esté dotado presupuestariamente».
Este año, vuelve a hacer la misma advertencia y admite que la Intervención General ya ha explicado las diferencias que existen entre relación de puestos de trabajo y plantilla y su relación con el crédito presupuestario. Y aunque «obviamente nada va a indicarse a lo informado por la Intervención», recuerda que «por encima de los criterios técnicos resulta pertinente atender a las decisiones jurisdiccionales».
Recientemente la Intervención General puso sobre la mesa presuntas irregularidades en València Activa por contrataciones de altos directivos que no están previstos en los Estatutos de la Fundación y contrataciones sin aplicar principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, según denunció el Partido Popular.
