La Audiencia Provincial de València ha ordenado la readmisión en su puesto de trabajo del funcionario de la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre) acusado e investigado por, supuestamente, pactar precios con dos dirigentes de la planta de Quart de Poblet (UTE-Los Hornillos) para quedarse parte de los mismos. La Audiencia hace valer la presunción de inocencia del acusado para no prorrogar la suspensión de empleo y sueldo y el trabajador ya está en su lugar de trabajo desde la semana pasada, aunque el Emtre, siguiendo indicaciones del propio juez, ha recortado sus atribuciones e incluso sus recursos informáticos.

Este funcionario fue denunciado por la entidad el pasado mes de enero por amañar precios con dos directivos de la UTE- Los Hornillos. Los tres están imputados y el funcionario, además, fue suspendido durante seis meses de empleo y sueldo.

Cumplido ese tiempo, la entidad metropolitana pidió la prórroga de la suspensión de empleo y sueldo para evitar la destrucción de pruebas relativas al proceso y el Juzgado lo autorizó. Sin embargo, el afectado recurrió ante la Audiencia Provincial y ésta le ha dado la razón.

Entiende la audiencia que prorrogar la sanción es «anticipar el cumplimiento de la pena» y hace valer la presunción de inocencia del investigado mientras los jueces no resuelvan el contencioso. Por tanto, ordena su reincorporación al puesto de trabajo y el pago del salario a partir del mes de julio, que era cuando acababan los primeros seis meses. Deja abierta la posibilidad, eso sí, de adoptar medidas para evitar que el funcionario pueda acceder a determinados contenidos o funciones.

En cumplimiento de ese fallo judicial la entidad metropolitana reincorporó la semana pasada al trabajador investigado, pero siguiendo también su recomendación ha procedido a limitarle las atribuciones. En primer lugar se le impide la función de «dirección o supervisión de obras y proyectos relacionados con el servicio». Tampoco podrá participar en adjudicaciones a la UTE-Los Hornillos, ni acceder a las instalaciones de la planta, ni acceder a la intranet para obtener documentación, todo ello hasta que termine la instrucción judicial.