Los 135 trabajadores del Marina Beach Club de València han interpuesto una demanda contra la Policía Local en la que solicitan que se les indemnice por la pérdida de sus puestos de trabajo tras el cierre del establecimiento el pasado 19 de agosto. Esta demanda colectiva se produce en el marco de una investigación judicial en la que los dos agentes de la policía que procedieron a la inspección del local admitieron haber recibido presiones de un mando superior para clausurar el recinto a pesar de haberle advertido que podía estar dentro de la normativa covid de ese momento.
Los trabajadores explican que el Marina Beach Club tiene actividad de café cantante y que el propio Ministerio de Cultura lo tiene reconocido como Sala de Artes Escénicas y Musicales desde 2017, por lo que el local «queda englobado en el epígrafe de espectáculos públicos y no de ocio, pudiendo ejercer su actividad igual que la ejercen los teatros, auditorios o los cines».
Aseguran, por tanto, no entender la actitud de los máximos responsables de la Policía Local de València, que «sí permiten los conciertos en otros establecimientos con la misma licencia que el nuestro y nos niega nuestro derecho a trabajar».
Así mismo, dicen agradecer a la justicia, los medios y la empresa «el esfuerzo diario para que este atropello de nuestros derechos, injusto y sin precedentes, no quede en vano y se depuren responsabilidades tanto penales como políticas». «Nuestro único fin es el de volver a nuestro puesto de trabajo y que se nos repare el daño ocasionado por este cierre injusto y arbitrario».
Esta denuncia se une a la investigación que ya hay abierta por el cierre y desalojo del local, en el marco de la cual ya han declarado agentes y mandos implicados en aquella actuación.
