El Sindic investiga los recursos usados por la policía contra la delincuencia

La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, anunció ayer, durante una comparecencia para analizar la situación municipal, que el Síndic de Greuges ha admitido a trámite la queja presentada por el grupo «ante el aumento de la inseguridad ciudadana y la inacción del gobierno de Ribó», en la que da un plazo de un mes para que envíe «un informe detallado y razonado» sobre los recursos humanos que necesitaría para atender las necesidades del servicio, las medidas adoptadas para luchar contra el botellón, el estado de tramitación de las oposiciones de 2018 y 2019 y los motivos que impiden la aprobación de las de 2020 y 2021.

También reclama los acuerdos adoptados para lograr la aprobación y entrada en vigor de la Ordenanza de Convivencia y Civismo. Ahora, el gobierno municipal tiene un mes para facilitar la documentación requerida, admitida al deducirse en el formulismo de admisión que «la inactividad del Ayuntamiento de València podría afectar al derecho a una buena administración de la promotora del expediente»; es decir, al grupo popular.

En la denuncia, Catalá subrayaba que «València es de la grandes ciudades donde más ha aumentado la delincuencia (el 36,5%), según los datos del Ministerio del Interior, con un aumento preocupante de los robos con fuerza en domicilios (+78,2%), hurtos (+66,8%) y un 67,9% los delitos sexuales».

«Para nosotros la cuestión de la seguridad es nuclear y esperemos que esta advertencia sirva de punto de inflexión y Ribó empiece a trabajar para garantizar la seguridad de los vecinos y su derecho al descanso», señaló.

Las cuentas, en contra

Así mismo, Catalá ha anunciado lo que estaba previsto: que votarán en contra de los presupuesto del 2022 al tratarse de un nuevo «sablazo fiscal», término acuñado desde el inicio de la legislatura por la portavoz popular. «El gobierno municipal decide mantener, por tercer año consecutivo, la subida de impuestos y tasas aplicada en 2020. Los valencianos vamos a pagar en impuestos y tasas municipales 501,8 millones de euros y en un contexto donde los precios están escalando es de una absoluta insensibilidad».