El alcalde, Joan Ribó, ha encargado un informe a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de València para determinar el alcance y las consecuencias que puedan derivarse para la ciudad tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula, por segunda vez, el plan especial de la Zona de Actividad Logística (ZAL) del Puerto como consecuencia del recurso que presentó la Asociación de Vecinos de la Punta La Unificadora y el colectivo Per l'Horta. Tras la sentencia ha llegado la petición de los vecinos al ayuntamiento para que anule, vía declaración de lesividad, el acuerdo que validó las obras de reurbanización y acondicionamiento de la ZAL, actualmente en marcha. El alcalde ha encargado a los servicios jurídicos un informe que determine los pasos a dar por el ayuntamiento.

La sentencia puede tener consecuencias para el ayuntamiento, que Ribó quiere conocer, de ahí el encargo del informe jurídico. La sentencia, ha asegurado el alcalde, ha sido "una decepción". "Pensábamos que con el nuevo plan especial todo quedaba resuelto pero "alguien no bien las cosas", ha destacado hoy el alcalde en la presentación del programa conmemorativo de los 35 años del Jardín del Turia. El alcalde que en su campaña defendió la reversión de la ZAL a suelo agrícola y huerta acabó aceptando el nuevo plan especial de la zona logística presentado por el Puerto de València, que incluyó un corredor verde, y algunas mejoras ambientales y que fue aprobado por la Generalitat en 2018. Ribó ha recordado que la sentencia deja la ZAL, donde se han invertido 130 millones de euros, en una situación muy compleja y con indemnizaciones.

Mientras Per l'Horta espera que el gobierno de Ribó inicie ahora el proceso de anulación de las obras, Ribó aboga por una solución definitiva para el conflicto, "que dura ya muchos años". El alcalde da por descartada la opción de recurrir la sentencia emplazando a la Generalitat a allanarse y buscar una solución, revertiendo lo que se pueda de huerta. El recurso contra la ZAL, un espacio logístico construido tras expropiar de sus casas de huerta a decenas de familias generando una profunda fractura social en la Punta, podría llegar de parte de la Autoridad Portuaria de València (APV).