No había denuncias previas de Cristina B. M. contra Alberto L. H., el abogado y profesor universitario de 35 años acusado de acuchillarla hasta la muerte en la madrugada del viernes en su piso de la calle Conde de Altea de València y enmascarar luego el crimen tratando de huir por el patio interior de la finca, pero eso no indica que no hubiera violencia y maltrato antes del asesinato. De hecho, la mayor parte de las víctimas mortales de violencia machista no había denunciado nunca a su agresor.

La Policía y la jueza, por tanto, tienen claro que la motivación de este crimen es, sin duda alguna, machista. Sin embargo, los agentes del grupo de Homicidios y la jueza de Violencia sobre la Mujer número 1 de València tratan de aclarar cuál fue el detonante último, la excusa homicida.

En este sentido, una de las sospechas que más cuerpo está tomando es la acuciante situación económica por la que atravesaba el presunto asesino, en concurso de acreedores físico (suyo propio, no de una empresa) desde 2019, mientras que Cristina tenía trabajo, una formación académica brillante, éxito profesional y patrimonio familiar. Un buen patrimonio familiar, de hecho; algo que su presunto verdugo debía saber desde que comenzó la relación.

Es más, según fuentes próximas a la familia, en estos momentos se estaba ultimando el reparto de la herencia correspondiente a Cristina, su hermana y su hija en relación con el fallecimiento del padre de la víctima, un empresario de la comunicación muy conocido en València, y la joven iba a percibir una fuerte suma de dinero, algo que posiblemente también conocía su presunto asesino.

Según la información a la que ha tenido acceso este diario, la relación sentimental entre Cristina B. M. y Alberto L. H. era muy reciente, apenas llevaban tres meses saliendo juntos.

De hecho, la joven continuaba viviendo con su madre y solo acudía al ático alquilado por Alberto L. H. en la calle Conde de Altea cuando quedaban, como sucedió el día que presuntamente la mató, el jueves pasado.

El silencio del acusado

Tal como adelantó Levante-EMV en su edición digital este sábado, Cristina B. M. fue encontrada muerta a las 9.30 horas del sábado cuando su familia y la del sospechoso acudieron, junto con la Policía Nacional, al piso, después de que la joven no diera señales de vida desde el jueves por la tarde y de que la geolocalización de su teléfono de trabajo les llevara hasta la calle Conde de Altea.

Su presunto asesino permanecía ingresado en la UCI del Hospital Doctor Peset, adonde fue llevado tras ser detenido 24 horas antes, cuando lo sorprendió la dueña de un restaurante italiano próximo a su domicilio, vestido solo con un pantalón de pijama y ensangrentado. Alberto L. H. había tratado de huir de su casa descolgándose por las cañerías de desagüe del patio interior, pero resbaló y cayó al vacío, causándose lesiones. Al verse descubierto, mintió diciendo que tenía la intención de robar en el restaurante, por lo que la propietaria llamó a la Policía, que lo arrestó por un robo con fuerza en grado de tentativa.

Sin embargo, no dijo ni una palabra sobre Cristina, lo que retrasó en 24 horas el hallazgo de su cuerpo. Además, al silenciar lo que había hecho, impidió que se pudiese enviar ayuda médica urgente a la joven, por lo que establecer la hora de su muerte va a ser fundamental para saber si esa ayuda hubiese llegado a tiempo de salvarle la vida. Solo una vez encontrado el cuerpo fue cuando la Policía ató cabos y ordenó su detención en el hospital bajo la acusación de un delito de homicidio.