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Víctor Almonacid Lamelas

Secretario de Ayuntamiento (a mucha honra). Jurista docente, ponente, y escritor (que no “escribiente”). Deportista. Semiexperto en algunas cosas (Derecho público, gestión municipal, administración electrónica…) y aprendiz de todo lo demás. Analista sociopolítico independiente.

Sobre este blog de Nacional

Este es un espacio web donde regularmente comentamos nuestras impresiones sobre Derecho, política, economía, Administración, sociedad, cultura y deporte, siempre desde el punto de vista constructivo de los que tenemos la buena voluntad (con más o menos acierto) de mejorar las cosas. TW @nuevadmon


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  • 09
    Diciembre
    2014

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    Control de la legalidad, pero sobre todo interiorización de la ética

    Estando como está bastante enferma la administración –con honrosas excepciones- quizá nos centramos demasiado en la medicina reactiva frente a la preventiva. Dicho de otro modo, solo un gran médico puede curar un cáncer de pulmón, pero si no fumamos es posible que no haya nada que curar. Sé que la anterior frase es susceptible de matizaciones, pero creo que se entiende perfectamente.

    Personalmente creo mucho más en el Derecho Natural que en el Derecho positivo, aún reconociendo que este es evidentemente necesario. Tirando de archivo, se puede comprobar que hemos dado muchas muestras de esta tendencia (ver), si bien en este caso queremos relacionarlo con la dificultad en el ejercicio de las funciones de control de la legalidad por parte de los funcionarios de perfil técnico y/o directivo encargados de fiscalizar la licitud y economía de los actos administrativos.

    En este sentido, el colectivo al que pertenezco, los Secretarios, Interventores y Tesoreros de la administración local –también llamados “habilitados de carácter nacional” y agrupados en un colegio profesional que corresponde a las siglas de COSITAL- hace tiempo que reivindica su posición clave dentro del Estado de Derecho, y fundamentalmente en lo que respecta a la organización, gestión y funcionamiento de las entidades locales españolas –si bien existen figuras análogas en el resto de Europa-. Quizá uno de nuestros problemas es que somos poco conocidos por la sociedad, en parte porque no le hemos sabido explicar a la misma no ya nuestra importancia, sino nuestra propia existencia, pero todos deberían saber que somos un colectivo particularmente preocupado por la corrupción, problema que percibimos como el número 1 de los que nos azotan (ver Comunicado de prensa de COSITAL sobre el problema de la corrupción). La ley nos asigna un rol de controladores de la legalidad, de la eficiencia y de la transparencia (ver alegaciones de COSITAL Valencia a la Ley de Transparencia de la CV), y así lo hemos tratado de hacer valer. He llegado a escuchar que en los últimos tiempos estamos hablando “con la boca grande”, estando implícita en el comentario una especie de crítica velada acaso por la “timidez” anterior. Las críticas constructivas se aceptan todas, como no puede ser de otra manera, y posiblemente sea cierto… en parte. La verdad es que hemos estado –y estamos- no solo maniatados, sino también silenciados por un sistema que primero nos dice que debemos controlar  la legalidad en los Ayuntamientos y luego nos pone a los pies de los caballos, por ejemplo, haciendo depender nuestro sueldo o incluso nuestro propio nombramiento de las autoridades a las que a priori tenemos que controlar. Efectivamente, una de nuestras exigencias más enérgicas es la eliminación de la libre designación como sistema de provisión de nuestros puestos de trabajo, como ha dado buena cuenta este diario (uno de los pocos que difunde este tipo de cuestiones, lo cual agradezco mucho) informando de la importante Sentencia del TSJCV que dio la razón a COSITAL en su recurso contra el nombramiento por libre designación del puesto de Interventor General de la Diputación de Valencia (ver noticia). En efecto, la libre designación genera un clientelismo inaceptable en puestos de este nivel y naturaleza. Casi imposible ser independiente cuando se respira en el ambiente que “alguien le debe un favor a alguien”. Como decimos, esta Sentencia es muy importante porque prácticamente elimina este dudoso sistema de provisión –aceptable solo en unos pocos casos- y lo equipara al concurso de méritos, que evidentemente es mucho más objetivo. 

    Pero aunque vuelvo a indicar que agradezco mucho la difusión, tampoco estoy exactamente de acuerdo con el titular de este diario “Secretarios e interventores exigen la eliminación de los puestos de libre designación para controlar a los políticos” –sí mucho más con el subtítulo “El colectivo denuncia que se ha producido durante años «un debilitamiento sistemático de los contrapoderes»” y por supuesto con el contenido de la noticia (consultar texto completo)-. Quizá podría pensarse, por la parte final del titular, que es nuestra intención “controlar a los políticos”, pero no es así y el matiz es importante porque lo que deseamos –más que un deseo es una obligación- es controlar la legalidad. La ley nos asigna ese rol y por eso se nos selecciona mediante duros procesos de oposición totalmente objetivos que, salvo en un lustro un tanto dudoso en el que las CCAA han llevado la voz cantante, corresponden al Estado. Es muy garantista que el Estado seleccione a funcionarios que física y funcionalmente trabajan en las entidades locales si bien lo que pasa a partir de este momento –es decir, todo lo demás: provisión de puestos, ejercicio de las funciones, garantías para su correcto desempeño- no lo es tanto. En resumen, el sistema de gestión municipal, que arrastra el problema de la confusión gobierno-administración consiste esencialmente en una más o menos afortunada gestión política que “da primero” (dicen que eso equivale a “dar dos veces”) y un sistema de reactivo de control de la legalidad a modo de revisión, salvo algunos casos que llamamos “fiscalización previa”. Es parecido al colegio: el alumno presenta un trabajo o un examen y el profesorado se lo corrige. El sistema no obstante falla si el alumno a su vez pudiera corregir, después, al corrector.

    En definitiva, habida cuenta, no ya del enorme problema de la corrupción, sino simplemente de la mala gestión “bienintencionada”, diríase que poco hay que hacer, a posteriori, cuando ya se ha prevaricado, malversado, o simplemente despilfarrado. Poco, salvo acudir al poder judicial para que imponga responsabilidades. Hay muchas normas pero todas se incumplen. En un sistema hiperpositivizado la interiorización de la ética debe triunfar allí donde las leyes –el legislador español es particularmente “activo”- y los “paquetes de medidas” evidentemente fracasan. Sé que esto que digo no es sencillo y que incluso puede parecer muy teórico. No obstante se debe intentar, por ejemplo, situando el año que viene en los “sillones” a las personas adecuadas. Y si nos engañan –no sería la primera vez- los removemos del cargo, no en 2019, porque los tiempos en los que había que aguantar a un gobierno que nadie apoya durante cuatro años ya han pasado o deberían haber pasado a la Historia, sino con ese “invento” aún desconocido por muchos llamado “Open government” o Gobierno abierto. Otra medida imprescindible es que los directivos públicos, los funcionarios técnicos, “los que saben” (dicho sea con todos los respetos) participen muy activamente y estén plenamente involucrados en la toma de decisiones (sin perjuicio del principio de oportunidad que corresponde al órgano político y de la legitimidad democrática del mismo) pero, sobre todo, en la ejecución práctica de las políticas públicas. Imposible reparar un proyecto en el que el técnico ha participado e incluso lo ha liderado personalmente. A esto no se le llama tecnocracia, por si lo usted lo está pensando, sino “#eficracia”, que es algo muy distinto. Todo esto estaría muy bien pero sobre todo, y ante todo, pido grandes dosis de ética. Interiorícenla. Practíquenla o váyanse de lo público. Desde la administración se sirve a los intereses generales, no a los particulares. Esto hay que grabárselo a fuego. Cuando los políticos (y los funcionarios, y todo el mundo) sean honrados, poco habrá que controlar.

    Anexo: Declaración institucional de la X Asamblea de COSITAL

     

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