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Araceli Yepes presentó el 12 de septiembre de 2007 los papeles para la valoración de su madre, Dolores Juan Puga, de 78 años, con el fin de cobrar las ayudas previstas en la Ley de Dependencia. Pero dos años después las ayudas no llegan.

En mayo de 2009, la Conselleria de Bienestar Social le informó de que la Comisión había emitido un "dictamen técnico" que dará paso a la resolución de reconocimento de situación de dependencia, con los servicios o prestaciones que "corresponden al solicitante, según el grado y nivel de dependencia reconocido". Sin embargo, el expediente, tras casi dos años de tramitación, no ha sido resuelto, tal y como reconoce el Síndic de Greuges en una resolución emitida el pasado 28 de julio.

El Síndic José Cholbi recomendó a la conselleria que "a la mayor brevedad posible proceda a resolver el expediente a que se refiere la presente resolución", reconociendo y otorgando las prestaciones que, "de acuerdo con la valoración y el programa individual de atención, le correspondan".

"La situación es ya insostenible porque mi madre se ve obligada a estar en una residencia y se está comiendo todos los ahorros de su vida en la cuota mensual", dice Araceli Yepes. Dolores ingresó en el centro de La Saleta pagando a razón de 1.700 euros al mes y al final, al estallar la crisis, tuvo que pedir un préstamo al BBVA. "Al final la tuvimos que trasladar al centro Madre Ojeda, en l'Alcora, donde empezaron cobrándonos 850 euros. Ahora ya van por 900", explica la hija de la afectada. "Al final tendremos que decir que se han pasado la ley por donde han querido. No les vale ni el expediente ni la declaración del Síndic, aquí tenemos que seguir pagando un dineral que no podemos afrontar", se lamenta.

El caso de Dolores Juan Puga no es el único retraso en el cobro de las ayudas que afecta a residentes del centro Madre Ojeda. En la actualidad hay 7 personas ingresadas que pagan entre 495 y 852 euros; 2 que abonan 1.585 euros mensuales; 1 con una cuota de 1.431 y otros tres más que sufragan entre 999 y 1.394 euros. Todos ellos estarían a la espera de cobrar las ayudas por la ley de dependencia.

El Síndic ha pedido a la Generalitat que le remita el informe sobre Dolores Juan en el plazo de un mes. En ese informe la conselleria debe manifiestar si acepta o no la sugerencia del Síndic.