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El Partido Popular del Ayuntamiento de Castelló utilizó ayer su mayoría absoluta para volver a aprobar en solitario el Plan General de Ordenación Urbana de 2000 - anulado desde diciembre por el Tribunal Supremo- y rechazó tanto las 662 alegaciones ciudadanas como los requerimientos legales del secretario.

La revisión del plan se rubricó en un pleno extraordinario que, diez años después, ha ratificado un documento idéntico al de 1999 que finalmente fue anulado por los tribunales, punto por punto, coma por coma... El gobierno local argumenta que no fue el contenido del plan lo que el Supremo invalidó, sino un mero "error formal de procedimiento".

La sentencia del Alto Tribunal concluye que el ayuntamiento privó a los vecinos de su derecho a presentar alegaciones y anula el PGOU al tiempo que ordena un nuevo proceso de alegaciones.

Dicho periodo se abrió el pasado mes de julio después de más de seis meses de pugna del ayuntamiento para eludir la ejecución del fallo y tras una decisión definitiva del Tribunal Constitucional, que rechazó la admisión del recurso del consistorio. El documento se expuso en su totalidad a los ciudadanos por orden de la Conselleria de Territorio y Vivienda y la posibilidad de interponer alegaciones se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sin embargo, tanto el PP como el Arquitecto Director del Plan General, Javier Vidal, descartan 617 de los escritos por "improcedentes" al considerar que no se refieren a las modificaciones sustanciales. Además, desestiman por razones técnicas los 45 restantes que sí son relativos a las mencionadas modificaciones.

Debate

Los concejales iniciaron el debate siendo conocedores de que hasta dos informes del secretario advertían sobre deficiencias legales del plan y reclamaban que la asesoría jurídica clarificara si era necesario adaptarlo a la legislación actual -especialmente a la Ley Urbanística Valenciana (LUV)-. Entre las supuestas irregularidades destaca la autorización para construir en zonas verdes.

La sesión estuvo marcada por las pancartas de protesta contra el proyecto del trolebús en el parque Ribalta y por la intervención del alcalde, Alberto Fabra, para prohibir el aplauso vecinal a la oposición. "Les advierto que no se puede aplaudir para mostrar agrado o rechazo y es una falta grave; si aplauden tendrán que abandonar la sala y, lamentablemente, someterse además a esa falta grave".

Las críticas de la oposición no se hicieron esperar. La primera de ellas llegó de la mano del portavoz del Bloc, Enric Nomdedéu, que cuestionó que el PP considere la mayor parte de las alegaciones "improcedentes" y puso en duda que el proceso haya cumplido la sentencia del Supremo. "Si ustedes invitan a la población a presentar alegaciones, incluso en el Boletín Oficial, a todo el documento, cómo nos dicen después que no se puede. No tiene sentido. Por otro lado, los informes técnicos hacen dudar de si con esto hemos cumplido la sentencia del Supremo. No podemos votar a favor".

Por su parte, el portavoz socialista, Juan María Calles, hizo hincapié en "la falta de sensatez y la ceguera del PP al despreciar todas las opiniones de los ciudadanos sin dar la respuesta motivada que exige la ley. Este Plan General agoniza ¿Me dice que ni un solo ciudadano tenía una idea positiva?".