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Ayer se iniciaron los trabajos de derribo del edificio Portomar, en la playa de la Concha de Orpesa, cumpliendo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat que anuló la licencia de obras otorgada en 2004 por el ayuntamiento. Este derribo es el primero que se va a ejecutar en la provincia en los últimos años tras un fallo judicial que sanciona su ilegalidad. En este caso no viene determinado por la aplicación de la Ley de Costas, sino por las irregularidades en su construcción. El consistorio pagará la demolición, tal y como fija el TSJ. Ahora cabe esperar que las actuaciones finalicen antes del mes de julio, habida cuenta de la ubicación del inmueble de 3 plantas en plena playa orpesina.
La empresa encargada del proyecto de demolición del edificio realizaba ayer tareas de retirada de los marcos de las ventanas y los cristales de las mismas, como paso previo al derribo del mismo. El consistorio orpesino disponía de un plazo legal de 4 meses, a contar desde febrero, para hacer efectiva la sentencia del alto tribunal valenciano. El pleno de Orpesa aprobó el proyecto de derribo el 2 de febrero pasado.
Otro derribo pendiente
Fuentes del equipo de gobierno confirmaron ayer los preparativos para demoler el Portomar y cumplir con el requerimiento jurídico. Con esta medida marcan una pauta a seguir, porque también tienen pendiente de ejecutar una sentencia similar en el edificio Bernat, aunque en este caso los propietarios han apelado al Tribunal Constitucional para defender sus derechos.
Además, han enviado, de forma particular, una petición a los juzgados de Castelló para paralizar cautelarmente la orden de derribo. El Portomar es un edificio de tres plantas, ubicado frente a la Concha, construido hace apenas dos años y que, al contrario que el Bernat, nunca ha estado habitado. Además tiene un único propietario que fue quien presentó el proyecto para demolerlo.
Tras el derribo, el propietario del inmueble deberá ser indemnizado por el consistorio, habida cuenta de que fue el ayuntamiento quien en 2004 le concedió la licencia de obras para construirlo. En el momento de conocerse la decisión del TSJ, el concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, indicaba que la licencia se dio "con los informes favorables de los arquitectos municipales". Y aclaraba que en agosto de 2004 él mismo mantuvo una reunión con los vecinos, de las viviendas unifamiliares próximas al Portomar, que pusieron en duda la legalidad del inmueble. Tras ese encuentro, el consistorio pidió un nuevo informe topográfico y mediciones a los arquitectos, que "ratificaron los informes favorables, en los que nos basamos para dar la licencia".
El portavoz del Bloc en Orpesa, Josep Lluís Romero, tras salir a la luz la sentencia del TSJ que anulaba la licencia del edificio Portomar y que conllevaba el derribo del inmueble reclamaba la depuración de responsabilidades, dado el alto coste que la ejecución de la sentencia tendrá en las arcas orpesinas.
