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El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, podría sentarse en el banquillo de los acusados, ante un jurado popular, antes de Navidad, según informaron ayer fuentes judiciales.

Después de que los peritos de Hacienda hayan concluido su informe, en el que detectan 5 supuestos delitos fiscales en las cuentas del líder provincial del PP, y de que el juez de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Nules haya acordado transformar las diligencias abiertas en el año 2003 en un procedimiento con jurado, la investigación de la causa ha tomado un giro fundamental.

El siguiente paso crucial para el futuro del caso Fabra se dará el próximo día 25, cuando los abogados de las partes y el fiscal comparezcan ante el juez Jacobo Pin para hacer sus alegaciones. En ese acto, los letrados y el representante del Ministerio Público podrán ratificar la imputación de Fabra y del resto de los 12 implicados, pedir el archivo de la causa o solicitar más pruebas.

El juez, en un plazo relativamente corto de entre dos o tres días, dictará entonces un auto en el que decidirá sobre el archivo de la causa o la apertura de juicio oral con jurado contra el mandatario popular y el resto de encausados, entre ellos su esposa, María Amparo Fernández. Cabría la posibilidad de que Pin pudiera comunicar, de viva voz, su decisión en el mismo acto de comparecencia de las partes, aunque este hecho es más improbable y lo normal es que el magistrado se tome unos días para meditar su auto.

Si finalmente el instructor dicta un auto de apertura de juicio oral, el paso siguiente será fijar fecha para el juicio con jurado, que podría celebrarse antes de finalizar este año.

En ese caso, Carlos Fabra podría enfrentarse a penas de cárcel por delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. El primero de los delitos, tipificado en los artículos 419 y siguientes, castiga con penas de entre 2 y 6 años a la autoridad que acepta dinero o regalos en el ejercicio de su cargo. Pena menor -entre seis meses y un año- podría recaer en el caso del delito de tráfico de influencias si finalmente se probara que Fabra medió ante altos cargos del Gobierno de Aznar en favor de una empresa privada, en este caso Naranjax, la firma dirigida por su ex socio Vicente Vilar, actualmente en prisión por la violación de su ex esposa.

En cuanto al delito de fraude fiscal, los inspectores de Hacienda han detectado 5 supuestos delitos tributarios por importe de más de un millón de euros en las cuentas del dirigente popular entre los años 1999 y 2004. En este punto el fiscal podría calificar los hechos como delito continuado y solicitar una pena total en grado máximo (4 años), o considerar que Fabra incurrió en 5 delitos independientes, en cuyo caso tendrían que sumarse las condenas (entre 1 y 4 años por cada uno).

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, apeló de nuevo a la presunción de inocencia de Fabra y recordó que la vista previa se celebrará a finales de mes, donde "se concretará la imputación, el sobreseimiento o nuevas pruebas".