La Generalitat Valenciana está aplicando la Ley de Dependencia, que entró en vigor hace cinco años, con una considerable demora, una circunstancia que se ha visto agravada por la crisis económica. A estas alturas, el Consell todavía adeuda las obligatorias ayudas sociales a 2.077 dependientes reconocidos graves de Castelló.
La Ley de Dependencia arrancó el 1 de enero de 2007 con el propósito de garantizar la atención pública a las personas sin autonomía personal. Desde entonces, sindicatos y colectivos de dependientes han venido denunciando de forma reiterada la dilación del Gobierno valenciano en aplicar esta norma de índole estatal. Y es que transcurrido un lustro de la puesta en marcha de la ley, hay centenares de dependientes valencianos que no reciben la ayuda que les corresponde. Así, según datos aportados por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, en la provincia de Castelló son atendidas 5.167 personas dependientes severas de las 7.244 reconocidas, y en la capital de la Plana reciben prestación 1.115 casos graves de 1.645 aprobados. Fuentes de la conselleria adujeron que los casos que aún carecen de las ayudas están en tramitación.
Asimismo, las administraciones central y autonómica deben las mensualidades de agosto y septiembre, un impago que el Consell responsabiliza al Gobierno. Desde Bienestar Social aseguraron que el Ejecutivo central transfirió en septiembre la mensualidad de julio y subrayaron que el Estado sólo asume el 24,7% de las ayudas de dependencia en la Comunitat Valenciana.
Sin embargo, los sindicatos y los colectivos sociales integrados en la Plataforma en Defensa de la ley de la Dependencia acusan al Consell de los retrasos en la materialización de esta normativa y lamentan que la Comunitat Valenciana está a la cola en la aplicación de la Ley de la Dependencia. Fuentes de la entidad recuerdan que hay pendientes solicitudes de hasta 2007 y aseguran que se están produciendo desbarajustes en el pago de las prestaciones para los cuidadores en el entorno familiar. La plataforma reclama la eliminación de la agencia creada por el Consell para desarrollar la ley (Avapsa) y la integración de los servicios de dependencia en la red de servicios autonómicos. Estas propuestas se la transmitió el colectivo de dependientes al conseller de Bienestar Social, Jorge Cabré, en una reunión el 27 de septiembre.
