El destino ha querido enlazar el final del juicio a Francisco Camps y Ricardo Costa por el caso de los trajes con la apertura del juicio a Carlos Fabra. El nuevo proceso agrava la crisis del PP valenciano y sitúa en un compromiso a las cúpulas regional y nacional del partido, que deben decidir si piden responsabilidades a Fabra.
El auto que decretó la apertura del juicio a Francisco Camps tuvo como consecuencia su dimisión de la presidencia de la Generalitat y del PP autonómico, cargos que asumió Alberto Fabra. Antes que declararse culpable, Camps prefirió "sacrificarse" y dejar el mando institucional y orgánico, presionado por la dirección nacional de su partido. En el caso de Camps influyó la proximidad de las generales y el PP quiso evitar a toda costa que el juicio pudiera perjudicar sus intereses electorales.
Aunque no hay ninguna cita electoral a la vista, si el PP aplicara el mismo rasero debería forzar la marcha de Carlos Fabra de la presidencia del PP castellonense, que pretende retener hasta el próximo congreso provincial, previsto antes del verano. Fabra sigue también al frente de Aerocas, la sociedad pública de la Generalitat que promueve el polémico aeropuerto de Castelló.
Resulta significativo el silencio del PP nacional y autonómico, que ayer no se pronunciaron sobre el auto de apertura de juicio a Carlos Fabra . Sólo el PP castellonense salió a respaldar a su líder, en concreto, algunos de los más fieles y veteranos colaboradores de Fabra, como son la secretaria provincial, Marisol Linares, el senador Juan José Ortiz y el vicepresidente de la diputación Francisco Martínez.
La oficina parlamentaria
Fue llamativo que uno de los comunicados emitidospor el PP castellonense fuera en nombre de la oficina parlamentaria del partido, cuyo portavoz es Juan José Ortiz. Como llamativa fue la nota de apoyo que envió Francisco Martínez en nombre del PP de la Vall d'Alba. A última hora de la tarde llegó un comunicado de la Junta Local del PP de la ciudad de Castelló, manifestando "el respaldo unánime" a Carlos Fabra y exigiendo "que se respete el derecho constitucional a la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia firme".
