Fabra presentó un segundo informe fiscal a la desesperada que no le sirvió de nada

Expuso supuestos datos fiscales que debían acreditar que cumplió con sus deberes tributarios

 

J. A. CASTELLÓ
El ex presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, llevó ante el juez de Nules un segundo informe con supuestos datos fiscales nuevos para tratar de acreditar, a la desesperada, que cumplió con sus deberes tributarios entre los años 1999 y 2004. Sin embargo, tal documento no le ha servido de mucho, ya que el juez instructor, Jacobo Pin, ha dado por cerrado el caso y han elevan las diligencias a la Audiencia Provincial para celebrar el juicio oral.
Según fuentes judiciales, este segundo informe de Fabra era un intento más por parte de la defensa de seguir dilatando un procedimiento ya de por sí muy denso, puesto que la investigación se abrió a finales del año 2003. Ninguno de los recursos que ha presentado en las últimas semanas le ha valido a Fabra. Como se publicó ayer, el juez de Nules, Jacobo Pin, ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra el presidente del PP provincial, Carlos Fabra, al que impone una fianza de 4,2 millones de euros por los delitos de fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Fabra deberá aportar tal cantidad mañana como muy tarde ya que, de lo contrario, el juez procederá al embargo de sus bienes.
Pin, el noveno juez que ha tomado parte en el asunto, exige además una fianza de 1,7 millones de euros a María Amparo Fernández, ex esposa del líder provincial del PP; 800.000 euros al empresario Vicente Vilar; y la misma cantidad a la ex mujer del industrial, Montserrat Vives. Todos ellos figuran como imputados en la causa por las relaciones comerciales que mantuvieron durante años. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 13 años de prisión para Carlos Fabra, dos por cada uno de los cuatro fraudes, cuatro por el cohecho y uno por el tráfico de influencias, mientras que desde la acusación particular se eleva su petición de prisión hasta los 20 años.

Decisión del Supremo
Los acontecimientos se habían precipitado después de que el pasado mes de diciembre el Tribunal Supremo dictaminase que los cinco supuestos delitos contra la Hacienda Pública imputados al líder provincial del PP no han prescrito. Mientras tanto, los peritos de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción también dieron por concluido su informe sobre el patrimonio de Fabra, en el que han hallado centenares de ingresos sin justificar en cerca de cien cuentas bancarias en las que el político popular aparecía como titular, cotitular o persona autorizada.
Desde la Fiscalía se ha lamentado en numerosas ocasiones la falta de colaboración de algunos bancos y cajas de ahorro a la hora de entregar los balances fiscales y extractos del presidente local del PP. Todavía hoy, 20.000 folios y más de ocho años de instrucción después de que estallara el caso Fabra, algunas entidades financieras no han puesto la información a disposición del Juzgado de Nules que investiga la causa.

Audiencia Provincial
Hasta la fecha, Fabra solo ha sido capaz de justificar la procedencia de 300.000 euros, pero quedan otros 3,3 millones y al menos cuatro fraudes a la Hacienda pública por un importe de 1,5 millones. Esta será, finalmente, la cantidad por la que el dirigente popular podría sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia. La fecha para el juicio se señalará posiblemente a mediados de este año. En estos momentos el caso Fabra está a la espera de que la Audiencia Provincial de Castelló resuelva los últimos recursos presentados por las partes.
La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, personada como acusación particular, ha solicitado la imputación de más personas en el sumario. Por su parte, el abogado de Fabra, Javier Boix, reclama el archivo de la causa por nulidad de las actuaciones. Carlos Fabra ha sido acusado de los delitos de fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias por favorecer al empresario Vicente Vilar, gerente de Naranjax, en la aprobación de un largo listado de productos insecticidas agrarios.

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