El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha rectificado y mantendrá abierto el centro de alzhéimer La Pineda de Castelló tras la presión recibida por el ayuntamiento y la Asociación de Familiares de Alzhéimer(AFA), que gestiona el recinto. No obstante, reducirá un 30% la subvención anual (de 120.000 a 80.000 euros), avanzó ayer el titular de Bienestar Social en la inauguración del nuevo centro Gran Vía de personas dependientes.

La conselleria anunció la semana pasada el cierre de la Pineda y el traslado de sus 40 usuarios al Gran Vía. El Consell aducía que la puesta en marcha de esta segunda instalación hacía innecesaria la primera y se comprometía a respetar las mismas condiciones económicas a los 40 usuarios de la Pineda. Inmediatamente, la asociación de familiares se movilizó contra esta decisión al considerar que Castelló necesita las dos dotaciones y recibió el apoyo de la corporación municipal. Ayer, el conseller viró y afirmó que dará vía libre a la continuidad de la Pineda pero con una menor subvención, según admitieron fuentes de la conselleria a este diario. Bienestar Social sólo pone una condición: la obtención de la licencia municipal, y el ejecutivo local ya ha afirmado que facilitará este trámite.

El presidente de AFA señaló que la Pineda podrá subsistir con 40.000 euros anuales menos, aunque apuntó que nadie de la conselleria le había llamado para informarle.

Estreno del Gran Vía

El nuevo centro Gran Vía, cuya gestión ha sido externalizada, recibió ayer a sus primeros cuatro usuarios. La dotación empezó a andar ayer después de haber finalizado sus obras hace tres años. El conseller de Bienestar Social visitó el lugar acompañado del alcalde, Alfonso Bataller, y del presidente provincial, Javier Moliner, e informó que las 260 plazas se irán cubriendo en un periodo de diez semanas. Estará completo a mediados de julio, con una media de seis ingresos al día en las áreas específicas para personas con enfermedad mental, discapacidad física, daño cerebral o alzhéimer.

La construcción ha tenido un coste de 9'6 millones de euros y el Gobierno valenciano aportará a la adjudicataria 20 millones en cuatro años. Dispone de un total de 260 plazas, de las cuales 187 serán de atención diurna y 73 de atención residencial. 50 serán para personas con alzhéimer, 40 para personas con discapacidad, 110 para enfermos mentales y 60 plazas para personas con daño cerebral.