El ex concejal de Urbanismo de Vila-real con el PP, Alfredo Sanz, advirtió ayer que "de no cumplir con los convenios urbanísticos que pactó el anterior equipo de gobierno, el actual gobierno deberá hacer frente a una cifra que estimamos entre los 80 y los 100 millones de euros".
Alfredo Sanz señaló que la ley recoge varias vías para ocupar terrenos privados que necesita la administración y, en algunos casos, durante el mandato anterior se optó por firmar convenios con los propietarios de estas parcelas. Este es por el ejemplo el caso del jardín Jaume I y de Las Dominicas o la avenida Francia, donde se dio potestad para usar estos espacios a cambio de concederles a los propietarios el aprovechamiento de otros terrenos similares en una zona diferente del municipio vila-realense.
"En algunos acuerdos como los del jardín Jaume I, se firmó que en cuatro años estos propietarios recibirían el terreno que se pactó en la zona de los Federativos porque pensábamos que el Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, ya estaría aprobado. Falta un año para que venza este plazo que, de incumplirse, permitiría que los propietarios reclamaran lo que se acordó", indicó el edil popular que urgió a que avance la gestión urbanística de Vila-real para evitar el coste económico que supondría la paralización del PGOU.
"Llegado el momento, solo hay dos opciones, revisar o renegociar el convenio o pagar", aseguró Alfredo Sanz al mismo tiempo que ratificó la validez de los convenios firmados durante el mandato del anterior gobierno popular. "Estos acuerdos se firmaron por parte del anterior alcalde y del secretario municipal, que no advirtió ninguna ilegalidad en ellos. No es obligatorio que pasen por Intervención ya que ellos dirían, al igual que aparecerá en la auditoría que está prevista que se presente en septiembre, que habrá que pagar esa deuda si no se cumple lo acordado", afirmó,
El popular se refirió sobre el estado del proceso impulsado por los propietarios iniciales de los terrenos sobre los que se levantó el colegio José Soriano.
PGOU de 1993
"El PGOU del 93 recogía que esos solares estarían destinados a un centro educativo. Cuando del Gobierno autonómico nos dijeron que podían edificarlo, teníamos que pagar dos millones de euros por las expropiaciones de los que no disponíamos, por lo que optamos por la ocupación directa, una posibilidad válida aunque más agresiva. Se concedió a los propietarios los derechos de unos terrenos en el PAI Alaplana, donde sí se puede construir, por el mismo valor aunque algunos recurrieron a los tribunales al no compartir la decisión. En primera instancia, la justicia ha dado la razón a la actuación del Ayuntamiento", aseguró el concejal del Partido Popular de Vila-real.
