Los planes de la Generalitat de derivar las bajas por accidentes o enfermedades laborales de los funcionarios autonómicos a las mutuas privadas ha puesto en pie de guerra a los sindicatos de la función pública de Castelló. El Consell quiere acotar así los casos de absentismo de su personal.
El Gobierno valenciano ha convocado para este lunes en su delegación de Castelló -Casa dels Caragols- a los responsables de las Juntas de Personal de las diferentes áreas de la función pública de la provincia para explicar esta medida. Su intención es transferir el control que asume ahora la Seguridad Social en las contingencias laborales por enfermedad o accidente a las aseguradoras privadas. El encuentro se prevé tenso y acudirán representantes sindicales de todas las áreas de la función pública (educación, sanidad o Administración). Los sindicatos expresarán su total oposición y amenazarán con impulsar movilizaciones contra lo que consideran un "agravio" a los empleados públicos. Esta iniciativa está encuadrada dentro del Plan Autonómico contra el Absentismo Laboral, según ha trasladado el Consell a las juntas de personal.
Los sindicatos critican que este proyecto pone en cuestión la "profesionalidad" de los empleados públicos y advierten que este trasvase no comportará un ahorro económico -el coste de la Seguridad Social es inferior al de las aseguradoras-. Temen una merma de la calidad asistencial con la cesión de este servicio a las aseguradoras, ya que, en su opinión, las mutuas priorizarán el beneficio económico frente a la salud de sus usuarios. A su juicio, presionarán "para rebajar unas bajas laborales" que, según recuerdan, se conceden por accidentes o enfermedad.
"El enfoque economicista generará un clima de tensión entre los trabajadores y la mutua, ya que se sentirán vigilados y sometidos para una pronta reincorporación"", sostienen las Juntas de Personal de la Función Pública en un escrito remitido al presidente del comité director del Plan del Control de Absentismo de la Generalitat, Pedro García.
Los sindicatos estiman que esta medida es una privatización de la atención sanitaria de los funcionarios y afirman que supone "un nuevo desvío de fondos de los presupuestos del sistema público de salud hacia el sector privado". "Esta privatización tiene únicamente una motivación ideológica, sin que haya justificación de gestión ni económica", resaltan las mismas fuentes sindicales, que recuerdan que en el informe de 2012 del Plan de Absentismo se observó una disminución de las bajas sin existir la nueva medida que propone ahora la Generalitat.
Los sindicatos sanitarios también han remitido sus propias quejas a la Conselleria de Sanidad en la que censuran "este recorte" en sus derechos.
