El Ministerio de Industria, José Manuel Soria, expresó ayer su confianza en que el almacén de gas Castor, cuya actividad se encuentra paralizada desde el mes de septiembre por los movimientos sísmicos registrados en el sur de Tarragona y norte de Castellón, «no le cueste nada» al Estado. No aclaró el titular de Industria más aspectos sobre el tema económico y si se refiere a la posible indemnización que haya que darle a la empresa Escal UGS en el caso de que se decida su cierre definitivo, o si también incluye todo lo abonado en el proceso de construcción.
Al respecto, cabe recordar que Escal UGS tiene reconocida una retribución por desarrollar esta actividad de 1.273 millones de euros, a lo que se añaden otros dos conceptos: hasta 186 millones por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento.
El ministro, en una entrevista en Intereconomía recogida ayer por Europa Press, reiteró que el Ejecutivo sigue a la espera de los informes técnicos del Instituto Geológico y Minero para tomar una decisión sobre la continuidad de la explotación. «Solo cuando los técnicos nos digan si realmente está en condiciones de poder seguir o no (la actividad) entraremos en otro tipo de consideraciones», expuso Soria, quien reiteró que «ahora lo más importante es la seguridad de todas las personas». «Todavía no sabemos bien lo que va a ocurrir con el almacenamiento», comentó el titular de la cartera de Industria y Energía, quien recordó que la decisión de paralizar la actividad se adoptó por parte del Ejecutivo a raíz de los movimientos registrados a partir del 16 de septiembre que llegaron a alcanzar una magnitud de 3,6 grados en la escala Ritcher. lvc/europa press castelló
